Cruz Roja gestionará la teleasistencia avanzada
La titular de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha anunciado esta mañana en Burgos la adjudicación a Cruz Roja del contrato de servicios para la gestión de la teleasistencia avanzada en Castilla y León.
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El objetivo último es asegurar la accesibilidad a sus usuarios en condiciones de igualdad, garantizar la protección de las personas más vulnerables y mejorar su bienestar.
La consejera ha realizado estas declaraciones durante su visita a la sede de Cruz Roja en la capital burgalesa, donde ha estado acompañada por el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, el vicepresidente de Cruz Roja en Castilla y León, José Ignacio de Luis Páez, y el presidente de esta institución en Burgos, Arturo Almansa.
Según ha recordado, la teleasistencia avanzada va a permitir reforzar los cuidados y el apoyo que reciben las personas en sus propios domicilios; personalizar la atención, en función de las necesidades y circunstancias de cada usuario, especialmente si son dependientes; y mejorar la prestación y la colaboración entre profesionales por medio de protocolos y procedimientos bien definidos.
Todo ello se hará de la mano de las nuevas tecnologías, en colaboración con las corporaciones locales y con el Tercer Sector Social, en el marco del proceso de modernización de los Servicios Sociales y de consolidación del sistema de atención a la Dependencia 5.0 impulsado por la Junta en Castilla y León.
El trámite administrativo del que ha informado hoy Isabel Blanco –que es el último antes de la formalización del contrato– se ampara en la nueva redacción de la Ley de Servicios Sociales, fruto de la modificación aprobada en diciembre del pasado año.
La reforma normativa ha permitido, por un lado, eliminar el copago de los usuarios –por lo que la teleasistencia avanzada es gratuita en toda la Comunidad desde el 1 de enero– y, por otro, licitar un primer contrato financiado en exclusiva por la Gerencia de Servicios Sociales.
Cruz Roja, con la mejor oferta económica, resultó adjudicataria entre cinco aspirantes y será la entidad que preste el servicio durante los próximos doce meses a una media de 10.662 usuarios cada mes, con un coste para la Junta de 12,3 euros mensuales por persona atendida, y con la estimación de incrementar el 10 % la cifra de beneficiarios.
Por el momento, este contrato abarca la gestión del recurso en los territorios donde los convenios para su prestación habían perdido ya su vigencia o la iban a perder antes del 1 de junio de este año.
Esto afecta a los ayuntamientos de Ávila, Burgos, Miranda de Ebro, León, San Andrés del Rabanedo, Ponferrada, Palencia, Soria y Zamora y de las diputaciones provinciales de Ávila, Burgos, León y Segovia.
Progresivamente, a medida que vayan venciendo los contratos en otros municipios, la Junta se irá haciendo cargo de su gestión e incorporando a los usuarios al nuevo modelo de teleasistencia avanzada, con la previsión de realizar una licitación de un único contrato abierto para toda Castilla y León en junio de 2022.
Ventajas del nuevo modelo
La novedosa prestación es un paradigma de los modelos de atención social y de Dependencia 5.0 promovidos en Castilla y León, basados en la atención centrada en la persona, la integración de los servicios, la orientación hacia un abordaje preventivo y proactivo, y la digitalización.
La implantación y extensión por todo el territorio de la teleasistencia avanzada tiene múltiples ventajas, tanto para sus usuarios, como para las administraciones encargadas de su gestión. El sistema, administrado a través de una plataforma tecnológica, se fundamenta en el seguimiento proactivo a la persona dependiente y a su cuidador y en la introducción de nuevos servicios basados en automatismos.
Las nuevas tecnologías jugarán un papel decisivo, puesto que esta prestación incorpora un conjunto de dispositivos para la detección de fuego y humo, de gas y monóxido de carbono, de fuga de agua, de situaciones de riesgo y emergencia fuera del domicilio (por ejemplo, para la geolocalización del usuario o su auxilio mediante dispositivos móviles), o para la dispensación controlada de medicación.
La gestión del servicio se racionaliza y unifica en lo referente a las altas, bajas y suspensiones; la instalación, mantenimiento y retirada de los dispositivos; los requisitos tecnológicos y procesos del centro de atención, y el funcionamiento de las unidades móviles. Las corporaciones locales ya no tienen que preocuparse de la parte administrativa de la contratación y el pago, ni de la carga de trabajo asociada a estos trámites, pudiendo centrar sus esfuerzos en la atención directa al ciudadano.
El cambio en la titularidad de la competencia para contratar no afecta al proceso de tramitación de las solicitudes, valoraciones, altas, bajas y todo lo que tiene que ver con la relación con los usuarios.
De este modo, las corporaciones locales, a través de los CEAS, seguirán siendo la referencia para los ciudadanos como la administración más cercana y que mejor conoce sus necesidades.
