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Junta de Castilla y León

Castilla y León, primera comunidad en regular el proceso de concentración cooperativa

Permitirá dinamizar el sector cooperativo

La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, ha anunciado hoy que la Junta de Castilla y León aprobará en los próximos meses, como desarrollo de la Ley Agraria, el decreto para la creación de las Entidades Asociativas Agroalimentarias Prioritarias de Carácter Regional. Será la primera comunidad en hacerlo.

Esta figura permitirá dinamizar, según  ha avanzado hoy Clemente durante su intervención en la VII edición del Congreso Nacional de Cooperativas celebrado en Valencia,, el sector cooperativo y dar prioridad a este colectivo en el acceso a las ayudas del Programa de Desarrollo Rural.

El Gobierno autonómico, como ha explicado la consejera, apoya al sector con el objetivo de reforzar el cooperativismo, sector imprescindible en la mejora de la competitividad, para mejorar los procesos de concentración, profesionalización y comercialización de las cooperativas.

En total, desde el 2007 se han destinado a las cooperativas de la Comunidad 50,4 millones de euros para las distintas líneas de ayudas tanto al fomento del cooperativismo agrario, como a las industrias agroalimentarias y a las agrupaciones de productores.

Dimensión empresarial

La Ley Agraria de Castilla y León, aprobada en marzo de 2014, establece esta figura con los objetivos de fortalecer la dimensión empresarial de las cooperativas, incrementar el número de socios y de las actividades cooperativizadas, y facilitar la colaboración entre cooperativas mediante la realización de acuerdos intercooperativos o acuerdos de asociación de al menos cinco años.

El Gobierno autonómico, como ha explicado la consejera, está trabajando actualmente, en colaboración con el sector, en la elaboración del decreto para desarrollar dicha norma y por tanto aprobar la creación de esa figura.

Entre los requisitos que se exigirán a las cooperativas para alcanzar este reconocimiento destacan poseer activos productivos en la Comunidad con un valor mínimo; contar con una base social determinada o alcanzar un mínimo volumen anual de facturación.

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