UPyD interpone una querella contra cuatro directivos de la extinta Caja Duero
Por supuestos delitos de estafa agravada y de administración desleal o fraudulenta
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Unión Progreso y Democracia (UPyD) ha interpuesto hoy una querella en la Audiencia Nacional contra cuatro directivos de Caja Duero por supuestos delitos de estafa agravada, de administración desleal o fraudulenta y cualquier otro que pudieran desprenderse de la instrucción en cuatro operaciones inmobiliarias en Salamanca, Madrid y Valencia.
Las supuestas operaciones delictivas a las que se refiere el texto son la compra del edificio de Doña María La Brava en la capital charra; la adquisición de participaciones sociales de la empresa Alqlunia Duero SL; la compra del edificio Marqués de Villamagna en Madrid, y la del local situado en el nº27 de la Plaza del Ayuntamiento de Valencia.
En estos caso la formación magenta señala como presuntos autores de los delitos enumerados al expresidente de Caja Duero y procesado por el llamado caso Nozar, Julio Fermoso García; al exdirector de infraestructura de la entidad, Juan Marcos Marín; al director adjunto, Antonio Sánchez Díaz, al exdirector de Inversiones del Grupo Negocio Duero SA, Juan Ramón Sagarmínaga.
Estos hechos, previos a la fusión de Caja España-Duero, no escaparon del conocimiento del Consejo de Administración de la nueva entidad. De hecho, el 31 de agosto de 2012 se aprobó la contratación de servicios financieros de despachos jurídicos externos para despejar cualquier duda de la gestión de las cajas en sus últimos años.
UPyD también ha vinculado el "agujero" dejado por estas adquisiciones con la obtención de liquidez a través de sendas ventas de acciones preferentes en mayo de 2009 (valoradas en 100 millones de euros) y de acciones subordinadas en junio de ese mismo año, cuyo montante ascendió a 200 millones de euros.
Recapitalización
El coste total de la recapitalización de Banco Ceiss superó los 1.531 millones de euros que salieron del bolsillo de todos los españoles: 1.129 millones de euros en ayudas directas (525 millones de euros provenientes del FROB y 604 fruto del Plan de Resolución de Caja España-Duero). Y 402 millones de euros en garantía que corresponden a la compensación por arbitraje (160 millones de euros), la cobertura de las demandas judiciales (241 millones de euros) y al riesgo Sareb (un millón de euros).
