PNL para aprobar medidas que garanticen el acceso al suministro eléctrico
Podemos plantea la prohibición legal de todos los cortes de luz a familias con problemas económicos
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El grupo parlamentario Podemos ha presentado hoy una proposición no de Ley para su debate en pleno sobre pobreza energética, con el objeto de que la Junta de Castilla y León inste al Gobierno de España a que apruebe medidas que garanticen el acceso al suministro eléctrico.
Podemos entiende que este acceso es una parte "inalienable" del derecho de toda persona a una vivienda digna y adecuada (artículo 47 de la Constitución Española) y como condición necesaria para el debido respeto a la dignidad humana (artículo 10 de la Constitución Española).
Publicamos a continuación el contenido de esta proposición no de Ley.
ANTECEDENTES
Desde el estallido de la crisis en 2007 la pobreza energética se ha convertido en uno de los principales problemas sociales y económicos en España, al haberse sumado al desempleo y a la reducción de salarios una escandalosa subida de la tarifa eléctrica.
7 millones de personas tienen dificultades para pagar la factura de la luz y más de 5 millones se quedarán sin calefacción durante este invierno. Cada año mueren en España más personas por falta de suministros en sus hogares que por accidentes de tráfico.
Causa importante de esta grave situación se encuentra en los aumentos indiscriminados de las tarifas de la luz. Tan sólo en los últimos seis meses, el recibo se encareció en un 25%. Las grandes compañías se niegan sistemáticamente a realizar una auditoría que permita determinar los costes reales de la producción eléctrica y promueven un sistema que favorece la especulación. Es imprescindible por ello una mayor transparencia para poder acabar con los abusos en la factura eléctrica.
Las tres mayores eléctricas se han embolsado más de 56.000 millones de euros en beneficios desde el inicio de la crisis, mientras sostienen una deuda millonaria con la ciudadanía. Entre 1998 y 2006, las grandes eléctricas cobraron ilegalmente más de 3.500 millones en concepto de Costes de Transición a la Competencia (CTCs)
Las dos sentencias dictadas el pasado octubre por el Tribunal Supremo por las que se anula el sistema de financiación del bono social evidencian el fracaso del actual modelo, que no sólo no da respuesta a las necesidades de acceso a un servicio básico y esencial de las familias vulnerables sino que además obliga a los usuarios a indemnizar a las eléctricas con más de 500 millones
El actual bono social no soluciona el problema de la pobreza energética, ya que sigue suponiendo una tarifa muy elevada y ni siquiera se aplica por criterios de renta. Se trata de una medida meramente cosmética que ha dejado fuera a dos terceras partes de las personas afectadas, a la vez que subvenciona a hogares con rentas altas.
Por su parte el oligopolio eléctrico ha abusado de su situación de privilegio vulnerando los derechos de los consumidores. Necesitamos acabar con la dramática situación de pobreza energética que viven millones de personas en nuestro país.
Resulta urgente que España respete los compromisos adquiridos en el marco internacional y garantice el cumplimiento del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Observación general Número 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, según las cuales un nivel de vida digno requiere de una vivienda adecuada con acceso a suministros básicos como luz, agua y calefacción.
Del mismo modo necesitamos que se cumpla la legislación europea sobre suministro eléctrico, que obliga a los Estados miembros a proteger a los usuarios vulnerables y a prohibir los cortes de luz en periodos críticos (artículo 3 de la Directiva 2009/72/CE, de 13 de Julio de 2009).
El pasado martes 29 de noviembre de 2016 el pleno del Congreso de los Diputados aprobó la Moción consecuencia de la interpelación urgente sobre la situación de pobreza energética en la que viven más de cinco millones de personas en nuestro país, especialmente en las medidas de protección previstas por el Gobierno de España para el cese en la violación de derechos (173/000002), por lo que el Gobierno de España debe poner en marcha los mecanismos legislativos necesarios para que se apliquen las medidas contenidas en dicha Moción.
Por todo lo expuesto, presentamos la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
- Instar al Gobierno de España a que apruebe medidas que garanticen el acceso al suministro eléctrico entendido como parte inalienable del derecho de toda persona a una vivienda digna y adecuada (artículo 47 de la Constitución Española) y como condición necesaria para el debido respeto a la dignidad humana (artículo 10 de la Constitución Española), y en concreto las siguientes:
- Prohibición legal de todos los cortes de luz a familias con problemas económicos. Las eléctricas deberán dirigirse a la Administración para comprobar la situación de las familias que no abonen sus recibos. Si sufren vulnerabilidad económica, no podrán cortarles el suministro y el coste será asumido por las compañías;
- Fin de los abusos tarifarios. Aprobación de una tarifa asequible, regulada por el Gobierno, a la que podrán acogerse todos los consumidores domésticos en su primera residencia;
- Creación de una auténtica tarifa social. Sustitución del actual bono social por una tarifa de reducida cuantía dirigida a las familias con bajos niveles de renta, sufragada por las eléctricas;
- Reconocimiento y devolución por parte de las grandes eléctricas de los 3.500 millones de euros que cobraron indebidamente en conceptos de Costes de Transición a la Competencia (CTCs);
- Auditoría al sistema eléctrico. Realización de un análisis de los costes del sistema desde que se puso en marcha la liberalización del sector, con el objetivo de determinar el precio real de las tarifas eléctricas;
- Aplicación del tipo de IVA reducido a la electricidad, por ser considerado un servicio esencial para la ciudadanía.
