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Castilla y León

Macro-granja de Soria, una “bomba de relojería” para la ejemplar sanidad agropecuaria de la región

COAG calcula que el vacío sanitario supondría 16,5 millones de euros, en caso de enfermedad

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha vuelto a alertar hoy de los peligros del proyecto de macro-granja de Noviercas para la sanidad agropecuaria de toda la cabaña de Castilla y León y de manera especial para la reciente declaración oficial de la provincia de Soria como libre de brucelosis bovina.

Esta mejora en la calificación de las explotaciones conlleva una flexibilización de los movimientos de animales y una mejor comercialización de los mismos, tanto en el territorio nacional, (incluyendo ferias y mercados), como a la hora de realizar exportaciones, así como una reducción del número de pruebas de diagnóstico obligatorias.

En este sentido,  COAG ha calificado en un comunicado de “bomba de relojería” esta mega-explotación ya que con un sólo animal positivo en cultivo de esta enfermedad, hecho factible en una explotación de 20.000 vacas procedentes de distintos orígenes, se tendría que proceder al sacrificio de todas las cabezas de ganado, el denominado “vacio sanitario”. 

Si tenemos en cuenta los baremos de indemnización de los programas nacionales de lucha, control y erradicación  de la tuberculosis bovina, brucelosis ovina y caprina, lengua azul y encefalopatías espongiformes transmisibles (Real Decreto 389/2011 de 18 de marzo), la media de indemnización por sacrifico de cada animal de aptitud láctea con un edad superior a los 17 meses o inferior a 72 meses ascendería a 822 euros por vaca. 

En el caso de una explotación de 20.000 vacas, como la que se proyecta en Noviercas, el coste total por indemnización ante un vacio sanitario completo ascendería a 16,4 millones de euros, cuatro veces más que el presupuesto anual para las campañas de saneamiento de toda Castilla y León (4,54 millones de euros).

“A todas luces, resultaría totalmente inaceptable y desorbitado, porque requeriría de una provisión de fondos específica en los presupuestos de la Junta de Castilla y León e hipotecaría durante cuatro años las posibles indemnizaciones del resto de explotaciones de vacuno y ovino y caprino de toda la región. Los ciudadanos y ganaderos de Castilla y León no se merecen pagar los previsibles impactos de este salvaje proyecto”, ha subrayado Lorenzo Rivera, Coordinador de COAG Castilla y León.

 

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