En marcha una plataforma de afectados por gestión en residencias
Una Plataforma de Afectados por la Gestión de Residencias Geriátricas de Castilla Y León se ha puesto en marcha en la Comunidad para reunir a familiares de afectados, trabajadores de residencias y personas de la sociedad civil, por considerar como las más de 2.500 fallecidas han sido víctimas de una gestión "deficiente" de la pandemia del coronavirus.
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Esta Plataforma pretende "arrojar luz" sobre aquello que ha sucedido en el conjunto de residencias de Castilla y León, así como colaborar a dilucidar responsabilidades, jurídicas, profesionales e institucionales, por lo que ha calificado de "nefasta gestión" de la pandemia del COVID-19 en las residencias de Castilla y León.
Además, el colectivo ha considerado en un comunciado que el hecho de que las muertes de mayores en residencias de Castilla y León suponga cerca de un 78 por ciento del total de muertes en la Comunidad "es una tragedia que podría haberse evitado".
Por ello quieren conocer los datos desagregados de la incidencia del coronavirus en cada residencia, tanto públicas como privadas, y ha hecho un llamamiento a toda persona que se haya sentido "impotente" ante la muerte, contagio o falta de información sobre la situación de familiares o amigos en residencias durante la alerta sanitaria por COVID-19 y ha pedido colaboración a los trabajadores y sociedad en general.
"Somos conscientes de la dificultad de lograr explicaciones para cada caso concreto y de cada familia por separado, por lo que hacemos un llamamiento a unirse a esta lucha colectiva en toda Castilla y León", han señalado los impulsores de la plataforma, que han saludado la apertura de expedientes de investigación a varias residencias de Castilla y León por la Fiscalía.
Además, consideran necesario esclarecer las denuncias por falta de materiales de protección a los trabajadores presentadas por varios sindicatos y creen "imperativo" que se abran diligencias por la gestión de la pandemia en las diferentes residencias, pero también por las decisiones del Ejecutivo autonómico y por las consecuencias de las omisiones que correspondan del ejercicio de sus responsabilidades, políticas e institucionales, según las competencias legalmente atribuidas a los mismos.