El Trabajo Social exige "reflexión urgente" para salvar el sistema público de Servicios Sociales
El Consejo de Colegios Oficiales de Trabajo Social de Castilla y León, ha manifestado su profunda preocupación ante la reciente publicación del Decreto 2/2026 de reestructuración de consejerías. Según el organismo, esta decisión supone una "implosión" de la Gerencia de Servicios Sociales y pone en jaque un sistema que, hasta ahora, era referente nacional por su gestión integrada y calidad contrastada.
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El Consejo ha denunciado que la nueva estructura orgánica devuelve al sistema a una visión propia de los años 80, al vincular de nuevo los servicios sociales a la Consejería de Sanidad y Bienestar Social.
Los profesionales han alertado de que esta medida ignora los avances logrados por la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León y el reciente Plan Estratégico 2026-2029.
La reestructuración divide las competencias que antes gestionaba de forma unificada la Gerencia en tres áreas distintas:
Sanidad y Bienestar Social: Asume la atención a la dependencia, personas mayores y discapacidad.
Desregulación, Familia y Ayudas Sociales: Se encargará de juventud, infancia, inclusión social, inmigración y tercer sector.
Vicepresidencia Segunda: Gestionará las políticas de "mujer e igualdad de oportunidades".
Para el Consejo, este reparto "dinamita" el organismo autónomo de gestión y disemina los derechos ciudadanos en consejerías que carecen de la especialización necesaria.
Asimismo, cuestionan el futuro del Acuerdo Marco de cofinanciación, vital para el sostenimiento del sistema en el territorio.
Ante lo que consideran una deriva peligrosa para el Estado de Bienestar en la comunidad, el Consejo ha solicitado formalmente al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, una reunión urgente para establecer un diálogo técnico antes de que se completen las adaptaciones legales por vía de urgencia.
"Se están alejando de las líneas estratégicas que tantos buenos frutos han dado", han afirmado, instando a una reflexión profunda para garantizar que se respeten los principios
e calidad e integralidad de la responsabilidad pública en materia social.