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El Gobierno recurre el toque de queda a las ocho

El Gobierno ha solicitado a la Abogacía General del Estado que interponga recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo contra el acuerdo 2/2021, de 15 de enero, del presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se determinan las horas de comienzo y finalización de la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno.

El Gobierno recurre el toque de queda a las ocho

El presidente de la Junta de Castilla y León ha adoptado el Acuerdo 2/2021, de 15 de enero, por el que se determinan las horas de comienzo y finalización de la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno, de aplicación en todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León desde las 20 horas del día 16 de enero.

Dicho acuerdo ha sido publicado en una edición extraordinaria del “Boletín de Castilla y León” el 16 de enero.

El Gobierno ha estimado que la regulación contenida en el Acuerdo vulnera el Real Decreto 926/2000, que, al declarar el Estado de alarma, determinó expresamente en su artículo 5 como período para las limitaciones de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno el comprendido entre las 23:00 y las 6:00, posibilitando tan solo que las autoridades competentes delegadas pudieran determinar en su ámbito territorial “que la hora de comienzo de la limitación prevista [.…] sea entre las 22:00 y las 00:00 horas y la hora de finalización de dicha limitación sea entre las 5:00 y las 7:00 horas”.

Al fijar como hora de comienzo de la limitación las 20:00 horas, el acuerdo infringe nítidamente la regulación mencionada, sin que tal infracción pueda negarse acogiéndose a las facultades de “modulación” que tanto el artículo 10 del Real Decreto 926/2000 como la disposición transitoria única del Real Decreto 956/2000 otorgan a las autoridades competentes delegadas, toda vez que dicha modulación comporta la posibilidad de suspender, flexibilizar o relajar las limitaciones, pero no – como es el caso – de intensificarlas o agravarlas.

Se trata, en consecuencia, de una restricción de un derecho fundamental que no está amparada por el instrumento jurídico del Estado de alarma definido en el Real Decreto 926/2000.

El Gobierno ha solicitado a la Abogacía General del Estado que interponga recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo contra el ACUERDO 2/2021, de 15 de enero, del presidente de la Junta de Castilla y León por el que se determinan las horas de comienzo y finalización de la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno.

Este acuerdo lo tomó el presidente autonómico como autoridad competente delegada dispuesta por el Real Decreto 926/2020,de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por la SARS-CoV-2.

La Junta responde

Ante el recurso anunciado por el Ministerio de Sanidad contra el acuerdo sobre el toque de queda, la Junta de Castilla y León ha resaltado en un comunicado que la situación epidemiológica y sanitaria es de extrema gravedad en Castilla y León y en el conjunto de España.

La incidencia acumulada se ha multiplicado por cinco desde el 1 de enero y el número de ingresados por Covid-19 se ha duplicado en los hospitales de la comunidad.

Además el Gobierno regional ha lamentado en un comunicado que el Gobierno de España trate de obstaculizar con su recurso la acción de la Junta de Castilla y León, que tiene como único objetivo proteger la vida y la salud de las personas y reducir lo más posible el daño a la economía.

La decisión de adelantar la hora del toque de queda a las 20.00 horas está amparada, según defienden los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León, en que en el momento en que se autoriza la prórroga del estado de alarma, se acuerda la modificación, por un lado, de los artículos 9 y 10 del Real Decreto, incluyendo en la regulación de la eficacia de las limitaciones, su posible modulación, flexibilización y suspensión, y por otro lado, la pérdida de la eficacia de lo expuesto en el artículo 5 cuando la autoridad delegada ejerza dichas facultades, al contemplar su disposición transitoria única sobre la “Eficacia de la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno” expresamente lo siguiente: “La medida prevista en el artículo 5 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, conservará su eficacia, en los términos previstos con anterioridad al comienzo de la prórroga autorizada, en tanto que la autoridad competente delegada que corresponda no determine, de acuerdo con el artículo 10 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, su modulación, flexibilización o suspensión”

Por lo tanto, según la Junta, deberá ser el Tribunal Supremo, en su caso, quien determine si el presidente de la Junta de Castilla y León, como autoridad delegada, tiene la facultad o no de modular el toque de queda para hacer frente a la pandemia.

La Junta ha reclamado una vez más al Gobierno de España instrumentos jurídicos seguros, si es que discute los existentes, que permitan a las comunidades actuar con rapidez para doblegar la curva de contagios y salvar vidas. Es imprescindible que el Ejecutivo central ejerza ya su liderazgo y la coordinación con las autonomías.

Finalmente, ha reiterado que el toque de queda a las 20:00 horas sigue vigente en tanto no quede sin efecto por los medios establecidos en la Ley, a la vez que insiste encarecidamente a todas las personas de Castilla y León que reduzcan al máximo su movilidad y contactos sociales, con el fin de frenar esta grave tercera ola de la pandemia.

Tudanca protesta

Por su parte, el secretario general del PSOECyL y portavoz en las Cortes, Luis Tudanca, ha pedido este domingo al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que “tome las riendas por una vez y recupere la cordura y la moderación.”

Tras conocerse el recurso presentado por el Gobierno al Decreto de la Junta que establece el toque de queda a las 20:00 horas en Castilla y León, el líder socialista ha reiterado que “no se pueden restringir derechos fundamentales saltándose la ley” y que cualquier decisión de estas características debe tomarse “con diálogo y consenso y no engañando a ciudadanía y a los alcaldes como ha hecho la Junta, planteando órdagos y sublevaciones”

En esta línea, Tudanca ha insistido en que “la gente necesita certezas y confianza y no caos”  y ha acusado a Mañueco e Igea de haber provocado “un conflicto innecesario que la gente de Castilla y León no merece.”

“No se puede pedir responsabilidad y ejemplaridad a los ciudadanos si sus gobernantes no lo son”, ha afirmado  tras recordar que  “la ley es para todos y debe cumplirse.”

Tudanca ha calificado de “inconcebible” que el gobierno de Castilla y León llame a la sublevación lanzando órdagos contra el Gobierno”  y ha advertido que “la prioridad es la lucha contra la pandemia y las ayudas a todos los afectados".

                                                                                                                    

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