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Castilla y León

El "caso enredadera" se remite a juzgados de Comunidad

Tres años después de que la UDEF entrara en los Ayuntamientos de Palencia, León, San Andrés de Rabanedo o Villaquilambre, el Juzgado de Badalona donde estaba centralizado el denominado “caso enredadera” ha acordado remitir pieza separada a los Juzgados de Palencia y León que corresponda.

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El Auto de inhibición a favor de estos Juzgados, que es definitivo tras haber resuelto la Jueza los recursos interpuestos por los imputados, acuerda la remisión de la documentación incautada en los ayuntamientos de Cistérnga (Valladolid), Palencia, León, San Andrés de Rabanedo y Villaquilambre a los Juzgados que corresponda en función de la competencia territorial, remitiéndose al escrito de la Fiscalía en cuanto a la posible tipificación de los delitos.

La Fiscalía califica los delitos cometidos en cada uno de estos ayuntamientos de prevaricación administrativa, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos o delitos de falsedad en documento público, oficial o mercantil.

El Coordinador de Izquierda Unida de Castilla y León, Juan Gascón, organización personada como acusación particular en estas diligencias preliminares, ha asegurado hoy en un comunicado que van a seguir muy de cerca el desarrollo de estas investigaciones.

"Los delitos de que se acusa son muy graves y más si en los mismos están implicados cargos públicos", ha recalcado.

Izquierda Unida de Castilla y León espera que la próxima llegada a los Juzgados de nuestra Comunidad de la documentación incautada en los ayuntamientos mencionados, así como el resto de documentación obrante en el Juzgado de Badalona relacionada con éstos -escuchas telefónicas, etc. - sirva para dar un impulso a las investigaciones y pueda dirimirse cuanto antes quienes son los autores de los graves delitos que se investigan, pasando cuanto antes a la fase del juicio penal.

Las diligencias previas 493/2016 que inició el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona a instancias de la Fiscalía Anticorrupción alcanzaron en la madrugada del pasado 3 de julio de 2018 su punto culminante con una de las mayores maniobras policiales contra la corrupción que se recuerdan en España: más de 550 agentes policiales repartidos por ayuntamientos, despachos y domicilios de casi toda España con órdenes bajo secreto de sumario de actuar al unísono desde las 6.00 horas de la madrugada. Lo pilotaba la Unidad de Delincuencia Económica (UDEF) de la Policía Nacional. Nacía la 'Operación Enredadera'.

Un entramado que busca desentrañar y castigar penalmente "la trama corrupta y grupo criminal", según reza textual y muy elocuentemente el auto del juez Pablo Jesús Alonso García, que pivota en torno a la figura del empresario leonés José Luis Ulibarri Comerzana y su 'satélite' empresarial, el astorgano Ángel Luis García Martín, apodado 'El Patatero'.

Tres juzgados, Badalona, Astorga y León, investigan presunta corrupción relacionada con contratación en materia de seguridad vial, gestión policial, parques infantiles, zonas verdes e instalaciones deportivas.

 

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