CSIF exige más financiación para la Universidad pública de la Comunidad
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado una financiación autonómica adecuada y suficiente que se acerque al 1% del PIB autonómico, así como la implantación de un programa plurianual que permita una planificación eficaz de los recursos.
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El sindicato, que ha celebrado este lunes en León un encuentro con 25 delegados del área de las Universidades públicas de Castilla y León, ha denunciado la total inacción de la Junta en el desarrollo de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), en vigor desde hace dos años.
“No se ha hecho nada. Es urgente regular la figura del profesorado permanente laboral, facilitar el acceso a plazas de sustitución a nuevos empleados públicos, y dignificar las condiciones laborales del profesorado sustituto”, ha afirmado en un comunicado el vicepresidente del sector autonómico de Educación y responsable de Universidades, Roberto Fernández.
También ha exigido el pago de complementos autonómicos, quinquenios y sexenios al personal investigador temporal, una reivindicación clave para combatir la precariedad.
CSIF ha solicitado la actualización del Decreto 132/2002 sobre retribuciones del profesorado y el desarrollo de un complemento específico para quienes participan en programas de doctorado y dirigen tesis doctorales, contribuyendo así a potenciar la excelencia investigadora.
En la reunión de delegados, que ha analizado la “preocupante” situación de las universidades públicas de la Comunidad, también se ha puesto el foco en la necesidad de que la Junta se implique directamente en las negociaciones de los III convenios colectivos del PDI laboral y del PAS laboral, bloqueados desde hace más de una década.
“No es admisible que sigan prorrogándose indefinidamente condiciones laborales desfasadas”, ha advertido el sindicato, que ha definido una hoja de ruta reivindicativa que será trasladada a la Junta de Castilla y León.
Otra de las prioridades es la negociación de un acuerdo autonómico de premios de jubilación para todo el personal docente e investigador (PDI) y el personal técnico de gestión y administración de servicios (PTGAS), “un derecho laboral que no puede seguir siendo ignorado”.
Por último, CSIF ha exigido autorizaciones amplias de empleo público que permitan rejuvenecer las plantillas universitarias y avanzar en la estabilización del PTGAS, así como el desarrollo de una carrera profesional homogénea en todas las universidades públicas de la comunidad, respaldada por una financiación específica.
Futuro "complejo" para la Universidad pública española
Por su parte, el vicepresidente del sector nacional de Educación de CSIF y responsable de Universidad, Ramón Caballero, ha insistido en las dos consecuencias más negativas de la implantación de la LOSU, que son la infrafinanciación, ya que el gasto por estudiante en España es un 21 por ciento menor que la media en la Unión Europea; y la precariedad del personal docente investigador (PDI), ya que uno de cada dos (concretamente el 49%) tiene contrato temporal y precario.
Se han perdido 2.316 docentes permanentes en una década y existen enormes bolsas de precariedad en el profesorado Asociado y Sustituto, recuerda, criticando que la estabilización del PDI es muy tardía, en torno a los 40-50 años de edad.
Caballero ha alertado del “invierno demográfico” que se avecina a partir de 2027, y la fuerte competencia de las universidades privadas, lo que augura un futuro “complejo” para la universidad pública española.
Las privadas acogen ya al 22% del alumnado (el 3% en el curso 1995-96) y el 50% de Máster. Además, dice el responsable de CSIF, la situación empieza a ser alarmante en algunas comunidades. En La Rioja, las privadas concentran el 80% de las matriculaciones, en Navarra el 53%, en Cataluña el 36%, o en Madrid el 32%.
ILP sobre enfermería escolar
Por otra parte, el presidente autonómico de CSIF, Castilla y León, Benjamín Castro, ha asegurado que el sindicato independiente seguirá trabajando para exigir y conseguir la implantación de la carrera profesional para los docentes de las universidades públicas de la Comunidad, un derecho que ya tienen el resto de los empleados públicos de la Junta.
Además, ha anunciado que la Mesa de las Cortes de Castilla y León ha admitido a trámite la Iniciativa Legislativa Popular presentada por CSIF para la inclusión de personal de enfermería en todos los centros y tramos de la educación pública de la Junta. Ahora, será la Junta Electoral de la Comunidad la que gestione y posibilite la recogida de las firmas necesarias para poder llevarse a cabo la tramitación parlamentaria de la iniciativa.
