Barcones denuncia modificación "ilegal" de financiación local

La Junta ha modificado "ilegalmente" la financiación local, según el PSOE de Castilla y León, al imponer nuevas condiciones a los ayuntamientos.

La vicesecretaria general socialista, Virginia Barcones, ha denunciado este domingo en un comunicado que se rompe un pacto de Comunidad sobre  financiación local, infringiendo además el Estatuto de Autonomía, que prohíbe modificar la financiación local mediante Decreto-ley.

El Decreto-ley 6/2020 modifica el Fondo de cooperación económica local general vinculado a ingresos derivados de los impuestos cedidos, que  cuenta en 2020 con una dotación de 37,3 millones de euros.

La vicesecretaria general del PSOECyL, Virginia Barcones, ha señalado que  la decisión “unilateral” del Gobierno de Mañueco afecta a los fondos  destinados a las diputaciones y los municipios de más de 1.000  habitantes.

Las diputaciones y municipios de más de 20.000 habitantes ya no tendrán que dedicar a políticas de empleo el 50 por ciento de estos fondos para hacer frente a los desafíos demográficos, cuando más falta hacen  políticas de apoyo al empleo, según el PSOE.

Sin embargo, el otro 50 por ciento que hasta ahora podían dedicar con plena autonomía a las necesidades que se apreciaran en su propio territorio,  ahora lo tendrán que asignar obligatoriamente a inversiones para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, precisamente cuando las políticas frente al Covid-19 ya ha obligado a otro tipo de gastos de limpieza, y apoyo a las personas y familias con más  necesidades, a autónomos y empresas, para sostener la actividad  económica y el empleo.

Los municipios de entre 1.000 y 20.000 habitantes, que antes recibían de este fondo recursos incondicionados, los tendrán que dedicar ahora en su totalidad a realizar inversiones para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de NNUU.

Esta decisión es un hachazo a la autonomía local consagrada en la Constitución el estatuto y la Carta Europea de Autonomía Local.

“Es un  desprecio sin precedentes a los ayuntamientos de nuestra Comunidad”,  ha advertido Barcones.

Además, supone una nueva e innecesaria carga administrativa de  justificación del destino de estos fondos, antes incondicionados, y  simplemente sometidos a la fiscalización interna y externa. Se  complica la gestión local cuando más necesaria es la agilidad y la  eficacia en la acción pública.

"En la Junta la burocracia se impone a  toda racionalidad", ha lamentado.

Esta decisión se toma unilateralmente, mediante Decreto-ley, rompiendo un pacto político de Comunidad sobre financiación local, un pacto en  materia de empleo y sin contar con el Consejo de Cooperación local, con la Conferencia de alcaldes y presidentes de diputación, ni con la propia FRMP.

"No cabe mayor desprecio a las reglas de la lealtad política e institucional, que constituyen las bases de la práctica democrática", ha criticado.

Y además se lleva a cabo en flagrante incumplimiento de nuestro Estatuto de Autonomía, que reserva a Ley de Cortes la materia de la  financiación local (art. 55.3), que por tanto queda prohibida para su  regulación mediante Decreto-ley (art. 25.4).

Con el Decreto- ley, la Junta ha pretendido evitar la participación ciudadana y de las  entidades locales en el proceso de elaboración de esta norma, además  de la intervención del Consejo económico y Social y el Consejo  Consultivo que les hubieran sacado los colores  a la vista de este  despropósito.

Por último, Barcones ha destacado que no se le pueden cambiar  las reglas de gasto y ejecución del presupuesto, a las entidades locales a mitad  del ejercicio, en un año de gasto extraordinario como consecuencia de  la crisis sanitaria y sus secuelas económicas y sociales, frente a las  que las entidades locaesl han sabido actuar con solvencia y responsabilidad,  poniendo por delante las necesidades de los vecinos

Por supuesto, los alcaldes y alcaldesas del PSOE reiteran el  compromiso de las entidades locales con los objetivos de desarrollo  sostenible de la Agenda 2030, así como con las políticas frente a la  despoblación y otros retos demográficos, Por ello, reclama a la  Comunidad el desarrollo de unas políticas propias en estas materias  abiertas en su diseño, pero con pleno reconocimiento de su autonomía  local. La implicación de los municipios en estas políticas no debe  condicionar, sin embargo, la financiación ordinaria con cargo a los  ingresos de la Comunidad.

Se trata, sostiene Barcones, de un “nuevo episodio de decisiones  unilaterales del Gobierno de Mañueco, adoptadas sin ningún consenso y  modificando las reglas del juego en mitad del partido”, una actitud  que está enfrentando a toda la sociedad con la Junta de Castilla y León.