Investigado por maltrato animal
La Guardia Civil de Soria ha investigado penalmente al propietario de un can, como supuesto autor de un delito contra los animales, por abandonar un perro de su propiedad y como consecuencia de ello el animal fue atropellado y acabó muriendo.
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Los hechos ocurrieron el pasado día 2 de agosto en una zona próxima al Cañón del Río Lobos, cuando varias personas avisaron de que un perro de raza mastín se encontraba herido como consecuencia de haber sufrido un atropello, según ha informado este viernes la Subdelegación del Gobierno en la provincia.
El perro estaba agonizando, siendo asistido por las personas que transitaban por la zona, proporcionándole agua al animal pues se encontraba prácticamente deshidratado.
Hasta el lugar se trasladó la Patrulla de Seprona de San Leonardo de Yagüe, que comprobó que el animal carecía de microchip de identificación, si bien, una vez realizadas gestiones se consiguió localizar al propietario del perro, el cual se trasladó hasta el lugar de los hechos, haciéndose cargo del animal, siendo conminado por los agentes actuantes para que lo trasladará urgentemente a una clínica veterinaria para que recibiera asistencia veterinaria, lugar donde finalmente certificaron la muerte del animal.
Por parte del Seprona se han instruido las correspondientes diligencias, por delitos de abandono y maltrato animal con resultado de muerte, porque, aunque se entiende que no ha existido una intencionalidad de causar la muerte al perro, existe una imprudencia por parte del propietario del mismo al no haber realizado ninguna acción que pudiera evitar los hechos, puesto que en numerosas ocasiones perros propiedad de la persona investigada vagan por la zona sin ningún tipo de control.
El investigado junto con las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción nº 1 del Burgo de Osma y entregada copia de lo actuado a la Fiscalía de Medio Ambiente de la Audiencia Provincial de Soria.
A su vez, los hechos han sido denunciados administrativamente ante el Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería, por la comisión de varias infracciones a la Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales.
Por estos hechos, penalmente el investigado podría enfrentarse a penas de prisión de 12 a 24 meses, con las penas accesorias de inhabilitación especial de 2 a 4 años para el ejercicio de profesión u oficio que tenga relación con los animales, así como la inhabilitación para la tenencia de animales.