Más de 1,2 millones por responsabilidad patrimonial

Cuarenta y cuatro empresas de la provincia, la mayoría del sector de la hostelería y alojamiento, reclaman al Estado más de 1.250.000 euros por los daños derivados de los cierres y restricciones de actividad provocados por las decisiones administrativas para afrontar la pandemia de Covid 19.

La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) ha cerrado este proceso administrativo, según ha confirmado esta tarde en un comunicado, para resarcir a las empresas de los daños ocasionados durante 98 días de restricciones o cierres, entre el 14 de marzo hasta el 21 de junio de 2020, el periodo del primer estado de alarma.
La mayor parte de las empresas demandantes pertenecen al sector de la Hostelería y Alojamiento, pero también las hay de distribución de alimentación y bebidas, transporte de viajeros y estaciones de servicio.
Las reclamaciones se interponen al considerar que las empresas de Soria no tienen el deber jurídico de soportar los "desproporcionados" daños causados en el tejido empresarial por las medidas adoptadas, cierres y restricciones de actividad que no han venido acompañadas de medidas de reparación, lo que las ha sumido en una total indefensión, según ha subrayado FOES.
La responsabilidad patrimonial de la administración deriva del artículo 106 de la Constitución Española, que establece que las administraciones están obligadas a responder por los daños y perjuicios causados por sus actuaciones.
Durante el primer año de pandemia, las distintas, repetidas y cambiantes decisiones normativas adoptadas por los dos gobiernos -central y autonómico- han causado "considerables" perjuicios y daños permanentes a los empresarios y a los autónomos, sin que se hayan podido beneficiar de medidas de reparación.
El plazo del proceso administrativo que se inicia tras la interposición de las reclamaciones es de seis meses y puede derivar en demanda judicial en caso de que su resolución sea contraria a las peticiones de las empresas reclamantes.
Las reclamaciones patrimoniales al Estado dan paso ahora a las que se presentarán contra la Junta de Castilla y León.
A la Administración regional se le piden compensaciones por los mismos conceptos, pero para el tiempo comprendido desde el 21 de junio de 2020 hasta el 9 de mayo de 2021.
El procedimiento se complica ahora, según ha reconocido FOES, ya que las medidas en estos meses no fueron tan drásticas como en el confinamiento decretado en el primer estado de alarma y las reclamaciones tienen que presentarse en consonancia con las medidas que se han implementado en distintos municipios.