El PSOE garantiza continuidad de centros de educación especial
El PSOE de Soria ha puesto hoy en valor el compromiso que ha reiterado el Ministerio de Educación y Formación Profesional de mantener abiertos los centros que imparten Educación Especial.
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En la provincia el único de estas características es el CEE Santa Isabel ubicado en la capital en que están matriculados entorno al medio centenar de alumnos, de los cuales casi una quincena de ellos permanecen internos.
El Gobierno ha desmentido la intención de cerrar estos centros, como están difundiendo algunas organizaciones y bulos que están circulando alertando a la ciudadanía.
El Ministerio ha recalcado que el texto del Proyecto de Ley de Educación, en fase de presentación de enmiendas en el Congreso de los Diputados, recoge la garantía de respuesta a las necesidades de los alumnos con discapacidad, con independencia del tipo de centro en el que se escolaricen.
El diputado Javier Antón ha destacado que el Ejecutivo trabaja para que este colectivo disponga de una atención adecuada, porque “lo contrario supondría una grave discriminación, tanto para los estudiantes como para sus familias, al negarles los derechos recogidos en la Convención Internacional de Personas con Discapacidad”.
Antón ha lamentado que el Ministerio haya tenido que realizar un nuevo desmentido sobre la pretensión de cerrar los Centros de Educación Especial y sobre el citado proyecto de ley, que tiene más de un año de antigüedad.
“Si se hubiese modificado cualquier parte del texto del anteproyecto, la ley tendría que volver a pasar todos los trámites antes de ser registrada”, ha añadido.
En la disposición adicional 4 de ese proyecto de norma se establece, de manera literal, que las administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los ordinarios.
El diputado ha subrayado que “por lo tanto, en ningún caso se puede deducir que pretende eliminar la mayoría de los centros arbitrariamente y antes del 2030.