La Junta, satisfecha por la legalidad del PEMA que refleja sentencia del TSJCyL

La Junta de Castilla y León ha manifestado hoy en un comunicado su satisfacción porque la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCyL, con sede en Burgos, haya sentenciado que el proyecto regional PEMA en Garray (Soria), y el decreto que lo regula sea conforme a derecho.

"Y por lo tanto, la actuación de la Junta de Castilla y León ha sido correcta", ha subrayado en su comunicado.
La sentencia desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación Soriana de Defensa de la Naturaleza (ASDEN) contra el Decreto de aprobación del PEMA en Garray.
La Junta de Castilla y León ha insistido, tras conocer el contenido de la sentencia del TSCyL, que la pretensión que guía dicha actuación, validada judicialmente, no es otra que la de promover actividad económica y empleo para la provincia de Soria y, en consecuencia, el compromiso con dicho territorio.
La resolución de la Sala, calificada por la Junta como "extensa y minuciosa", rechaza pormenorizadamente todos los motivos de impugnación invocados por ASDEN (afección a Numancia, inundabilidad de los terrenos y clasificación urbanística del suelo).
Además, la Junta ha destacado que la sentencia justifica particularmente la legitimidad y la utilidad pública del proyecto, afirmando que "resulta evidente que la aprobación del presente proyecto responde a unas razones de interés público y a unos fines legítimos, dentro de los que claramente se comprende la finalidad de revitalizar la provincia de Soria, y sobre todo Soria capital y su entorno, tratando también por esta vía de evitar la sucesiva despoblación de una zona ya muy despoblada".
La sentencia recoge que este proyecto regional es un instrumento más que utiliza la Administración autonómica para generar riqueza en la provincia de Soria, "y así concretamente en un contexto provincial de despoblación y escasez de recursos, y desde este punto de vista debemos conceptuar que la implantación del proyecto regional de autos responde a una decisión política y económica que forma parte del ámbito competencial de dicha Administración".