El PSOE pide a Junta y Garray que aclaren actuaciones para terminar con malos olores
La procuradora socialista por Soria y diputada provincial, Esther Pérez, pedirá explicaciones a la Junta de Castilla y León sobre la situación que desde hace años afecta a Garray por los episodios de malos olores denunciados por el propio Ayuntamiento y por los vecinos de la localidad y que derivan en una recogida de firmas convocada para el próximo 13 y promovida por el propio Consistorio.
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El Ayuntamiento garreño apunta en su comunicado a los vecinos que ha sido desoído por la propia Junta ante sus innumerables quejas e incluso habla de un problema de salud pública pidiendo que quede registrado en el consultorio.
"Resulta llamativo y preocupante que la alcaldesa de Garray y vicepresidenta de la Diputación no haya conseguido ser escuchada por la autoridad competente ante un problema persistente", ha asegurado Pérez en un comunicado.
Pérez, ante la gravedad de lo denunciado, ha estimado necesario conocer con precisión cuál es la situación real, qué actuaciones se han llevado a cabo hasta el momento y qué papel ha desempeñado la Administración autonómica ante un problema que, según reconoce públicamente el propio Ayuntamiento de Garray, continúa sin resolverse.
El PSOE trasladará registrando preguntas esta cuestión a las Cortes de Castilla y León para conocer desde cuándo tiene constancia la Junta de estos episodios, cuántas comunicaciones, quejas o denuncias ha recibido, cuántas de ellas desde el Ayuntamiento de Garray, qué respuesta ha dado a las mismas y qué inspecciones o actuaciones de control se han realizado.
La procuradora socialista ha recordado que el propio Consistorio señala que lleva tiempo trabajando para intentar solucionar el problema y que, al no haber obtenido una solución efectiva, ha trasladado su queja a la Administración competente en materia medioambiental para que intervenga.
“Queremos saber qué significa exactamente que esas demandas hayan sido desoídas, a quién se han dirigido, cuándo se trasladaron y, especialmente, cuál ha sido la respuesta de la Junta de Castilla y León”, ha apuntado Pérez.
En este sentido, los socialistas han considerado imprescindible delimitar las competencias que corresponden a cada Administración en función del régimen ambiental al que esté sometida la actividad y conocer qué obligaciones de inspección, vigilancia y control corresponden a la Junta y cuáles al Ayuntamiento.
“No se trata de entrar en un cruce de responsabilidades entre administraciones, sino de solucionar un problema que afecta a los vecinos. Si el Ayuntamiento lleva años actuando y ha requerido la intervención de la Junta, queremos conocer qué ha hecho cada Administración y por qué, a día de hoy, la situación sigue sin estar resuelta”, ha subrayado Pérez.
Inspecciones, expedientes y medidas correctoras
Entre las cuestiones que el PSOE planteará a la Junta se encuentran el número y fecha de las inspecciones realizadas en las instalaciones señaladas como posible origen de los olores; si se han efectuado mediciones, toma de muestras o análisis; si se han detectado incumplimientos ambientales; si se han formulado requerimientos o exigido medidas correctoras a la empresa y si se ha iniciado algún expediente sancionador. La propia procuradora considera que hablar en general de todas las empresas del municipio puede resultar negativo para el tejido empresarial y que se debe esclarecer la situación.
Pérez ha estimado especialmente preocupante que la situación haya llegado al punto de que el Ayuntamiento haya anunciado una recogida de firmas a partir del 13 de agosto y recomiende a quienes presenten síntomas como cefaleas, cansancio o malestar general que acudan al centro de salud para dejar constancia.
Por este motivo, el PSOE también preguntará a la Junta si la Consejería de Sanidad tiene conocimiento de posibles afecciones relacionadas con estos episodios y si considera necesario realizar algún tipo de seguimiento o evaluación desde el ámbito de la salud pública.
“Los vecinos de Garray necesitan respuestas y, sobre todo, soluciones. Después de años conviviendo con este problema, las administraciones tienen que explicar con transparencia qué se ha hecho, qué resultados se han obtenido y qué medidas se van a adoptar para resolverlo definitivamente”, ha concluido Pérez.