Un estudio señala que acabar con riesgo de pobreza costaría 24.000 millones anuales
La economía española está en un proceso de expansión, caracterizado por un aumento importante de la población ocupada y del salario mínimo pero este crecimiento económico no consigue, sin embargo, acabar con la pobreza. Acabar con el riesgo de pobreza en España costaría 24.000 millones de euros anuales
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Así lo refleja la monografía Análisis de la exclusión social y económica en España y sus territorios, que han publicado hoy la Fundación Ramón Areces y el Ivie, elaborada por el equipo de investigación del Ivie dirigido por Carmen Herrero e integrado por Antonio Villar y Carlos Albert.
Según este análisis, acabar con la situación de riesgo de pobreza costaría unos 24.000 millones de euros anuales, lo que supone un 1,8 por ciento del PIB del país.
Así, si se define, como es habitual, el riesgo de pobreza como una renta por debajo del 60% de la mediana (el valor que separa al 50 por ciento de población con más ingresos de aquella con menos) y la pobreza extrema o exclusión como una renta por debajo del 40 por ciento de la mediana, encontramos que en 2025 el 19,5 por ciento de la población española está en riesgo de pobreza, una tasa que se ha reducido un 12% entre 2015 y 2025.
Mayor ha sido el descenso del porcentaje de personas que sufren pobreza extrema o exclusión, que ha caído un 28% en ese mismo periodo hasta situarse en el 8% en 2025.
También se ha reducido la desigualdad dentro de este colectivo.
Si en 2015, el 50,4 por ciento de las personas en riesgo de pobreza estaba también en riesgo de exclusión, en 2025 ese porcentaje se ha recortado en casi diez puntos, hasta el 41,3%.
Teniendo en cuenta no sólo la proporción de población en riesgo de pobreza o exclusión, sino sus rentas medias, podemos calcular la renta que haría falta para eliminar la pobreza.
Se estima que acabar con la situación de riesgo de pobreza costaría unos 24.000 millones de euros anuales, lo que supone un 1,8% del PIB del país.
Por su parte, eliminar el riesgo de exclusión tendría un coste mucho más reducido, alrededor de 8.800 millones de euros anuales, lo que representa un 0,7% del PIB de cada uno de los años del periodo analizado.
El estudio detecta diferencias significativas en el riesgo de pobreza y exclusión tanto entre comunidades autónomas, como entre colectivos (jóvenes, mujeres, trabajadores con empleo temporal).
En estudio estima que acabar con la situación de riesgo de pobreza en Castilla y León costaría alrededor de 1.000 millones de euros anuales, lo que supone el 1,6 por ciento del PIB de la Comunidad.
Por su parte, eliminar el riesgo de exclusión tendría un coste mucho más reducido, alrededor de 400 millones de euros en la Comunidad, el 0,6 por ciento del PIB; mientras que en España ascendería a 8.800 millones, un 0,7 por ciento de su economía, según un estudio de la Fundación Ramón Areces y el Ivie,
Otro aspecto destacable que muestra este estudio es que tener un empleo no garantiza eludir la pobreza, ya que un 33 por ciento de las personas en riesgo de pobreza están ocupadas.
Un porcentaje medio que sube hasta el 40% en el caso de Illes Balears, pero que no baja del 25 por ciento en ninguna región en 2025.
Aunque la tasa de pobreza de la población ocupada se ha reducido desde el 14,8% de 2015 hasta el 11,6% de 2025, sigue siendo muy elevada en algunas comunidades autónomas. En Andalucía alcanza el 17,4%, mientras que en Navarra, la probabilidad de que las personas con trabajo entren en riesgo de pobreza es solo del 6%.
Diferencias regionales
La disminución del porcentaje de personas en riesgo de pobreza y exclusión se ha dado en todas las regiones a lo largo del periodo 2015 - 2025.
Sin embargo, las diferencias en la incidencia entre las comunidades autónomas siguen siendo elevadas.
Si para el conjunto del país, el 19,5% de personas se sitúa por debajo del umbral de la pobreza (12.220 euros anuales por unidad de consumo), en Andalucía, ese porcentaje se eleva hasta el 27,7%.
También están por encima de la media, Murcia (26,7%), Extremadura (26,2%), Comunitat Valenciana (26%), Castilla-La Mancha (25,9%) y Canarias (22,9%).
Por el contrario, la menor proporción de personas en riesgo de pobreza está en País Vasco (9,3%), Illes Balears (11,6%), Navarra (12,3%) y Madrid (12,7%).
Similares diferencias se observan en el caso de la población en riesgo de exclusión.
Si la incidencia media se sitúa en el 8% (rentas inferiores a los 8.147 euros anuales por unidad de consumo), en Comunitat Valenciana el porcentaje aumenta hasta el 11,8%, en Andalucía alcanza el 11,4%, en Murcia el 11,2% y en Extremadura el 9,9%.
Existen también grandes diferencias entre comunidades con respecto al volumen de recursos necesarios para acabar con la pobreza.
La renta media de la población en riesgo de pobreza era de 4.869 euros anuales a nivel nacional en 2023, mientras que la renta media de las personas en esta situación de Navarra baja hasta los 4.128 euros y, en Illes Balears, a 4.362 euros.
En el lado contrario, la población en riesgo de pobreza de Galicia cuenta con una renta media de 5.498 euros, seguida de Extremadura, con 5.325 euros.
Si nos centramos en las personas en riesgo de exclusión, la renta media en España de 2.849 euros anuales oscila entre los 2.090 euros de mínima en Illes Balears y los 3.397 de máxima en Aragón.
A partir de estos datos, el estudio muestra las diferencias regionales en cuanto a la renta que cada comunidad necesitaría para acabar con el riesgo de pobreza en su territorio.
En términos de PIB, la situación es muy variada según las autonomías.
Si a nivel nacional habría que destinar un 1,8% del PIB (24.000 millones de euros), en Andalucía se requeriría un 3,9% de su PIB, frente al País Vasco, donde bastaría con destinar el 0,6%.
Además de las diferencias regionales, los autores del estudio alertan de la mayor incidencia e intensidad de la pobreza en determinados colectivos.
En concreto, las mujeres, que partían de una situación ligeramente más favorable que los hombres en 2015, han empeorado su situación en 2025. Entonces, el porcentaje de mujeres en riesgo de pobreza era del 21,8% frente al 22,5% de los hombres. En 2025 las tasas han variado hasta el 20,3% de las mujeres y el 18,6% de los hombres.
Por edad, se mantiene la menor incidencia de pobreza en los mayores de 65 años, frente a los más jóvenes, aunque esa tendencia está cambiando ligeramente en los últimos años y en algunas regiones la menor incidencia ya se da en la población en edad de trabajar: Aragón, Illes Balears, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, etc.
En todos los casos, el riesgo de pobreza de los jóvenes menores de 18 años es mayor y roza casi el 30%. En esto último influye el nivel elevado de la pobreza infantil en España. Según UNICEF, el riesgo de pobreza monetaria en las edades de 0 a 12 años es del 27,5% en España, un porcentaje por encima del de los países del entorno, como Portugal y Francia, con tasas del 19%, o Alemania y Bélgica, que casi reducen a la mitad la tasa española (15,5% y 14,9%, respectivamente-
El informe constata que la población en riesgo de pobreza (personas con la renta por debajo del 60 por ciento de la mediana, entendida como el valor que separa al 50 por ciento de población con más ingresos de aquella con menos) aumentó en la Comunidad, entre 2015, 18,3 por ciento, a 2025, 19,8 por ciento, cuando en España, se redujo del 22,1 al 19,5 por ciento.
Asimismo, también se incrementó el colectivo en riesgo de exclusión (renta por debajo del 40 por ciento de la mediana), desde el 9,7 al 9,8 por ciento, frente a una evolución del 11,2 al ocho por ciento en el conjunto nacional.
Las estimaciones sobre la necesidad de partidas para acabar con tanto con el riesgo de pobreza como el de exclusión se basa tanto en el número de personas de estos colectivos como en datos de su renta media en 2023. En este sentido, la renta media de la población en riesgo de pobreza era en Castilla y León ese año, de 4.925 euros, frente a los 4.869 a nivel nacional.
En cuanto a la cifra para el colectivo en riesgo de exclusión se situaba en la Comunidad, en el ejercicio de referencia en los 2.827 euros, y en España, en los 2.849.