Reclaman un pacto de Estado para proteger los bosques con seis compromisos
La Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE) ha señalado que la plaga de incendios que asola la Península refleja el fracaso de una política forestal que, durante demasiado tiempo, no ha respondido a la realidad diversa, compleja y cambiente de los montes españoles. Ha reclamado un pacto de Estado por los bosques.
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"Tras cada incendio hay vidas truncadas, hogares perdidos, explotaciones destruidas y un patrimonio natural cuya recuperación llevará décadas. Pero sería un grave error considerar que estamos únicamente ante una sucesión de incendios excepcionales", ha advertido en un comunicado.
Mientras el territorio evolucionaba, la política forestal permanecía prácticamente inmóvil, ha denunciado.
"Mientras nuestros bosques crecían y acumulaban combustible, la gestión forestal desaparecía progresivamente de las prioridades públicas. Mientras la sociedad demandaba cada vez más servicios ambientales, quienes los hacen posibles seguían asumiendo en solitario los costes de conservarlos", ha señalado.
La evidencia ya no admite discusión.
España posee hoy la mayor superficie forestal de su historia: más de 28 millones de hectáreas, que ocupan el 56 por ciento del territorio nacional. El 72 por ciento de esa superficie pertenece a propietarios forestales privados.
Cada año estos montes generan alrededor de 46 millones de metros cúbicos de biomasa, de los que únicamente se aprovecha una parte.
Millones de toneladas permanecen acumuladas en el territorio, convirtiéndose en el combustible que alimenta incendios cada vez más rápidos, más intensos y, en demasiadas ocasiones, fuera de toda capacidad de extinción.
El cambio climático está agravando esta situación pero no explica por sí solo la magnitud de los incendios que estamos viviendo.
Los grandes incendios encuentran el escenario perfecto cuando el territorio deja de gestionarse.
Y ese escenario no es fruto del azar, según COSE, sino la consecuencia de décadas de abandono, de falta de incentivos, de una rentabilidad insuficiente, de una burocracia excesiva y de la ausencia de una estrategia forestal estable y adaptada a la realidad de nuestros montes.
La gravedad de la situación exige reconocer un hecho especialmente relevante: hoy existe un amplio consenso científico, técnico y profesional sobre las causas de los grandes incendios forestales.
Propietarios y gestores forestales, comunidad científica, universidades, servicios de prevención y extinción, ingenieros, investigadores y profesionales del territorio coinciden en un mismo diagnóstico: la acumulación continuada de combustible, unida a fenómenos meteorológicos extremos, está generando incendios de comportamiento cada vez más violento que, en determinadas condiciones, superan incluso la capacidad de los mejores dispositivos de extinción.
Los propietarios forestales privados gestionan la mayor infraestructura natural de España.
Son quienes cuidamos más de veinte millones de hectáreas forestales. Quienes invierten en su conservación. Quienes planifican tratamientos selvícolas. Quienes mantienen caminos, recuperan pastos, gestionan la biomasa, conservan el paisaje y reducen el combustible que alimenta los incendios.
"Conocemos el territorio porque vivimos en él. Sabemos cómo prevenir los incendios porque trabajamos en el monte durante todo el año. Y sabemos que ningún dispositivo de extinción podrá sustituir jamás a una gestión forestal permanente", ha señalado.
España necesita excelentes medios de extinción pero, sobre todo, menos incendios imposibles de extinguir.
La prevención debe dejar de ser el capítulo olvidado de la política forestal para convertirse en la principal política de seguridad frente a los incendios del siglo XXI.
Pacto de Estado por los bosques
Por ello, la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España ha reclamado la aprobación urgente de un Pacto de Estado por los Bosques, que reconozca definitivamente la gestión forestal sostenible como una prioridad estratégica para España.
Ese pacto debe sustentarse, al menos, sobre los siguientes compromisos:
1. Reconocer la gestión forestal sostenible como una actividad de interés general, imprescindible para proteger la vida de las personas, adaptar nuestros bosques al cambio climático y conservar el patrimonio natural.
2. Aprobar una fiscalidad forestal específica, adaptada a la realidad de la actividad selvícola y a sus largos ciclos de producción, que incentive la inversión en prevención, reconozca la figura del selvicultor activo y favorezca la continuidad de la gestión forestal. El sector forestal junto con GREENPEACE y WWF han elaborado una propuesta técnica completa para la mejora de la fiscalidad aplicable a la actividad selvícola, disponible en: https://www.selvicultor.net/wp-content/uploads/2025/11/Mejora-de-lafiscalidad-aplicable-a-la-actividad-selvicola.pdf
3. Implantar mecanismos permanentes de compensación por los servicios ecosistémicos, remunerando a quienes generan beneficios públicos como la captura de carbono, la regulación del agua, la conservación de la biodiversidad, la protección del paisaje o la reducción del riesgo de incendios.
4. Simplificar y agilizar los procedimientos administrativos, eliminando barreras que retrasan actuaciones selvícolas esenciales para la prevención y facilitando una gestión forestal basada en criterios técnicos.
5. Impulsar decididamente la movilización sostenible de la biomasa, la agrupación de propietarios forestales y la profesionalización del sector, transformando un problema ambiental en empleo rural, bioeconomía, energía renovable y resiliencia territorial.
6. Desarrollar una planificación territorial frente a los grandes incendios, identificando zonas estratégicas de gestión, priorizando actuaciones preventivas a escala de paisaje y garantizando una financiación estable y plurianual para su mantenimiento.
"No pedimos privilegios. Pedimos que el Estado trate los bosques con la misma importancia estratégica con la que protege cualquier otra infraestructura esencial del país. Cada euro invertido en gestión forestal evita pérdidas ambientales, económicas y sociales muy superiores. Cada hectárea gestionada reduce el riesgo de que el próximo incendio sea incontrolable. Cada propietario que abandona su monte representa una oportunidad perdida para prevenir la siguiente tragedia", ha reclamado.
La sociedad española debe decidir si quiere seguir reaccionando cada verano ante incendios cada vez más extremos o comenzar, de una vez, a construir la política forestal que nuestro país necesita.