Teruel Existe condiciona apoyo a PGE a fiscalidad diferenciada
La Agrupación de Electores Teruel Existe no apoyará el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2023 si no se ha aprobado antes un Real Decreto que implique la implantación inmediata de las ayudas al funcionamiento para empresas en zonas muy poco pobladas para Teruel, Soria y Cuenca.
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Esta condición, incluida ya en la disposición adicional 123 de los Presupuestos de 2022 en cumplimiento del Acuerdo de investidura y que no se ha puesto todavía en marcha, está respaldada además por el apoyo mayoritario de la Cámara, incluidos los partidos en el Gobierno, en la Resolución que presentó Teruel Existe en el Debate sobre el estado de la nación, para su aplicación inmediata, con efectos de uno de enero de 2022.
El diputado Tomás Guitarte ha ofrecido este viernes una rueda de prensa en la que ha demandado al Gobierno central que cumpla sus compromisos con los turolenses.
“Es en este punto donde el Gobierno debe demostrar que existe sensibilidad, al igual que hace poco han aprobado ayudas a Baleares, similares a las de Canarias, que se encuentran fundamentadas en el mismo artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que las que pedimos, por lo que no encontramos justificación para que se aplique en unos territorios y no en otros”, ha señalado.
Por otra parte, ha valorado que el nivel de inversión de este proyecto de presupuestos es muy bajo para la provincia de Teruel, ya que estiman 43,9 millones de euros además del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE), frente a los 51,21 millones que computa el Gobierno.
El diputado turolense ha anunciado que presentarán enmiendas para recuperar la inversión del ejercicio anterior, o incluso incrementarlo, como ya sucedió con el presupuesto de 2022, en el que lograron incrementar la inversión en casi 30 millones de euros.
El diputado de Teruel Existe ha criticado que el Gobierno de Aragón asuma de forma “acrítica” el indicativo de inversión por habitante con el que se realizan las valoraciones del presupuesto por parte del Ministerio, “cuando sabemos que perjudica a Aragón, y en especial a las provincias despobladas, con pocos habitantes en mucho territorio”.
Ha hecho hincapié en que “las cosas cambiarían radicalmente utilizando el estándar de inversión por superficie, puesto que se dice que estamos entre los que más recibimos del Estado, con unos 370 euros por habitante, pero si atendemos al territorio, tendríamos que explicar que en Teruel percibimos unos 3.300 euros/km2, frente a los 65.000 euros/Km2 de Madrid”. Ambos indicadores son igualmente inexactos.
En conclusión, denuncian que el indicativo del PIB, la renta o la inversión por habitante no es un buen indicador para medir el desarrollo del territorio, y reclaman que se valore el coste real de los servicios para planificar su financiación.
Atendiendo a los criterios actuales, “ni se trata bien a Teruel, ni a Aragón, ni a la España Vaciada, y si el Gobierno asume de verdad los principios de cohesión y vertebración territorial, debe cambiarlo”.