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PNL para normativa específica de los montes de socios

La Comisión de Agricultura del Congreso ha debatido este martes una Proposición No de Ley presentada por la Agrupación de electores Teruel Existe que insta al Gobierno a abordar de manera integral, con una normativa específica los “Montes de socios”.

Se trata de rescatar del olvido estos montes privados de naturaleza colectiva, una demanda social muy importante para el medio rural en numerosas comarcas de España.

Para la elaboración de esta PNL, Teruel Existe ha contado con el impulso y la colaboración de ASFOSO (Asociación Forestal de Soria), entidad que lidera desde hace años la necesidad de un tratamiento específico para estos montes y que fue ya la impulsora de las modificaciones en el art. 27 de La Ley de Montes de 2003.

Tomás Guitarte ha defendido la PNL transmitiendo que ha traído al Congreso de los Diputados “una cuestión compleja que está presente en el medio rural de todas las comunidades autónomas y de casi todas las provincias de España”, y ha recordado que Teruel Existe ya presentó en el Senado una enmienda a los Presupuestos Generales sobre esta cuestión. El debate en la Comisión ha generado un amplio consenso en todos los grupos parlamentarios y ha sido aprobada por unanimidad.

El diputado turolense ha explicado que en España existen entre 1,5 y 2 millones de hectáreas (20.000 Km2) de terrenos de naturaleza forestal cuya propiedad corresponde a un conjunto de personas físicas y jurídicas en régimen de proindivisión, que son denominados como «Montes de Socios» en el art. 27.bis de la Ley de Montes.

Guitarte ha detallado que esta ingente cantidad de superficie supone el 6% de la superficie forestal de nuestro país, ocupando una extensión superficial equivalente a la suma de la superficie de las CCAA de País Vasco, Cantabria y La Rioja

Guitarte ha destacado que la localización de estos montes privados de naturaleza colectiva, coincide en la mayor parte de los casos con territorios altamente despoblados “que conforman la ya conocida España Vaciada, y en muchos casos se encuentran en una situación de abandono y de deterioro ambiental”.

Guitarte ha recordado que el origen de estos montes mayoritariamente se corresponde con las compras que los habitantes del medio rural realizaron en las épocas desamortizadoras de finales del siglo XIX, cuando sus respectivos ayuntamientos fueron expropiados de sus bienes rústicos y los vecinos y agricultores se vieron abocados a tener que comprar la tierra de la que disfrutaban en su condición de vecinos, con el consiguiente empobrecimiento de sus economías familiares.

Los títulos de propiedad generados a partir de dichas subastas públicas se encuentran mayoritariamente desactualizados, siendo habitual que todavía aparezcan como titulares las personas que, en el siglo XIX, conformaron aquellas compras.

La recuperación de estos montes requiere una normativa actualizada y específica

El diputado ha recordado que fue precisamente el Estado español quien expropió y subastó estos montes, entregando a sus nuevos propietarios un marco legal incapaz de dar cabida a los sistemas de gobernanza de sus comunidades titulares.

Y ha concluido resaltando que “es imprescindible abordar este fenómeno de una manera integral, instando a la promulgación de un conjunto de normas o de una ley que contemple la especificidad de los Montes de Socios, de forma que cobren la importancia económica y de vertebración social, la dimensión ambiental y de cuidado del territorio. Una oportunidad de revitalización de la España abandonada”.

Guitarte ha destacado que estas limitaciones “han llevado a este tipo de montes a una situación de semiabandono, ante la imposibilidad formal de adoptar decisiones válidas para su uso”, generando una falta de gestión con importantes consecuencias para nuestra sociedad y para el cuidado del territorio, con perjuicios en el ámbito ambiental con la pérdida de biodiversidad y el riesgo de incendios forestales, en el ámbito económico con recursos como la madera, biomasa, pastos, resina, etc. que no generan actividad económica, y por último en el ámbito social al fomentar el desempleo y la despoblación.

Ha transmitido el diputado que con esta iniciativa “queremos promover su recuperación y regularización, facilitar su gestión sostenible y consolidar su función como motores de desarrollo de las zonas rurales”. Para ello han conseguido que la Comisión de Agricultura “inste al Gobierno a desarrollar un conjunto de medidas legislativas o una ley que aborde de manera integral la problemática de los montes de socios, “respetando su naturaleza jurídica, perfeccionando sus órganos de gestión, adecuando los medios de titulación a sus especialidades y estableciendo un marco adecuado para su tributación”.

El diputado turolense ha señalado que la naturaleza jurídica actual de estos montes es la de una comunidad de bienes, pero la realidad es que resulta imposible dar cumplimiento a lo previsto en dicha normativa básica por tres razones fundamentales.

No encaja con la de la comunidad ordinaria del Código Civil, al tener una marcada vocación de permanencia, por su indivisibilidad y funcionamiento en común.

Existen cuotas de propiedad desconocidas al haber transcurrido más de 100 años desde que se generaron los títulos de adquisición de los montes, son habituales los casos de cuotas de propiedad desactualizadas o incluso desconocidas, en muchos casos debido a los diferentes procesos migratorios y porque no existen en la legislación actual los medios jurídicos adecuados para la actualización de la titulación. Hay una Imposibilidad de quórum que el Código Civil exige para que las decisiones adoptadas por los comuneros puedan ser válidas, ya que la mayor parte de los socios ya no residen en las poblaciones donde estos se ubican. Además, habiendo transcurrido una media de 5 generaciones, los grupos de titulares suelen estar conformados por centenares de personas.

Guitarte considera que el desarrollo normativo específico “permitiría a este tipo de montes desarrollar el potencial que albergan, dando lugar a una importantísima acción de revitalización económica, social y ambiental del medio rural”, y considera que es un tema realmente urgente porque en muchos casos, los cotitulares actuales, son la última generación que conserva cierto conocimiento y compromiso con estos montes, “una dejación de funciones supondría la puntilla final que significaría la desaparición de estos patrimonios naturales y culturales”, lo que incrementaría el gran problema de despoblación que estamos viviendo actualmente.