La interinidad docente se sitúa en el 28 por ciento, tras las últimas oposiciones
. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado las malas condiciones laborales con las que el profesorado ha concluido el curso escolar, sobre todo por una elevada interinidad (cercana al 30 por ciento) que continuará en septiembre cuando se reanuden las clases; y sin la prometida reducción de ratios y horarios, que empezará a aplicarse en el curso 2027-2028 (un año después de lo acordado con el Ministerio).
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Como respuesta a esta situación, CSIF ha convocado un calendario de movilizaciones -sin descartar la convocatoria de huelga- que coincidirán con el arranque del curso escolar 2026-2027, en defensa de la escuela pública y de unas condiciones dignas para el profesorado.
La primera movilización será el próximo 16 de septiembre con una concentración en Madrid frente al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes
La temporalidad del profesorado se ha convertido en uno de los principales males de nuestro sistema educativo, y es tan grave que no se soluciona solo con las oposiciones ya convocadas: aunque se cubrieran completamente las plazas de 2025 (20.278) y 2026 (19.060), e incorporando todas las jubilaciones previstas, la tasa de interinidad seguirá en el 28 por ciento al comienzo del curso 2026-2027, según datos de CSIF procedentes de fuentes oficiales.
Estos mismos datos muestran la profunda desigualdad entre territorios; por ejemplo, en Galicia es del 16,2 por ciento, mientras que en Navarra es del 48,9 por ciento.
Aragón y País Vasco también se sitúan por encima del 44 por ciento.
En el caso de Castilla y Leon, es del 35 por ciento (previsión para septiembre de 2026).
Las mejoras para los docentes siguen paralizadas
CSIF ha lamentado que la actual legislatura esté concluyendo sin que los docentes hayan visto un solo avance real en sus condiciones. Los grandes compromisos, como el Estatuto Docente, la equiparación retributiva o una reducción efectiva de ratios y horarios, siguen bloqueados o aplazados.
De hecho, ha lamentado que la ley de reducción de ratios y horarios -la única norma que ha salido adelante- no empezará a aplicarse hasta el curso 2027-2028 (un año después de lo acordado con los sindicatos), y su despliegue completo se prolonga por fases hasta 2031-2032.
Ese malestar se está traduciendo ya en movilizaciones en numerosas comunidades autónomas. Y las perspectivas no invitan al optimismo: el ciclo electoral que se avecina, con elecciones nacionales y autonómicas en el horizonte, amenaza con instalar la crispación y congelar cualquier solución de fondo, con el riesgo de que la educación vuelva a quedar atrapada en el ruido político y de que el profesorado pague, un curso más, la factura de la parálisis.
Más complejidad en las aulas y menos recursos
La profunda transformación del perfil del alumnado es otro problema cada vez mayor y más presente en las aulas.
Según datos recabados por CSIF, el número de alumnos con Necesidad Especial de Apoyo Educativo (ACNEAE) se ha triplicado desde el curso 2011-2012 y suponen el 17 por ciento de estudiantes en centros públicos y el 15 por ciento del total en el sistema educativo no universitario.
Los alumnos con Trastornos del Espectro Autista (TEA) son la categoría que ha registrado mayor crecimiento en los últimos 14 años, ya que se ha multiplicado por seis: han pasado de 19.023 alumnos en el curso 2011-2012 a 107.977 en el 2024-2025.
CSIF ha defendido que esta situación exige una dotación estructural de especialistas -de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, y Orientación Educativa muy superior a la actual. La brecha entre el alumnado identificado y los recursos asignados es el déficit más grave y menos visible del sistema. En este sentido, CSIF defiende que el Estatuto Docente fije ratios máximas de atención especializada.
CSIF ha reclamado al Gobierno y a las comunidades autónomas la aplicación de medidas urgentes, entre ellas:
Reducción de la interinidad al 8 por ciento mediante convocatorias anuales de oposiciones y la creación de plazas estructurales.
Reducción efectiva de las ratios de aula con plazas estructurales permanentes.
Plan Nacional de Equiparación Retributiva Docente y recuperación del poder adquisitivo perdido.
Incremento progresivo hasta el 7 por ciento del PIB en educación pública.