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FACUA propone 8 medidas al Gobierno para hacer frente a abusos en alquiler de viviendas

FACUA-Consumidores en Acción ha reclamado al Gobierno que ponga en marcha ocho medidas para hacer frente a los abusos y la especulación en los alquileres de viviendas.

Se trata de un paquete de actuaciones que la asociación remitirá al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los ministros de Vivienda, Isabel Rodríguez, y Consumo, Pablo Bustinduy.

Asimismo, FACUA solicitará reuniones a las distintas formaciones con representación parlamentaria para exponerles sus propuestas.

Estas son las ocho propuestas de FACUA.

1. Prohibición a los arrendadores de incrementar sus precios por encima del IPC cuando cambien de inquilino o hagan firmar a este un contrato nuevo.

2. Reconocimiento del inquilino cómo consumidor, de manera que los abusos cometidos por los caseros sean considerados infracciones en material de consumo, con lo que podrán ser multadas por las autoridades autonómicas de consumo, y establecimiento de mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos.

3. Fijación de un marco de indemnizaciones que los arrendadores que cometan prácticas abusivas deberán abonar a los inquilinos que las denuncien.

4. Expropiación del uso de las viviendas propiedad de grandes tenedores que lleven más de un año vacías para que sean destinadas al alquiler social.

5. Condicionar cualquier ayuda pública en materia de vivienda a comunidades autónomas y ayuntamientos a que aprueben los topes en los precios de los alquileres planteados en la ley de vivienda.

6. Condicionar la concesión de los bonos al alquiler a que los contratos estén sometidos a los topes de precios establecidos en la ley de vivienda.

7. Coordinación de protocolos de inspección con las comunidades autónomas para revisar de forma aleatoria los contratos de alquiler depositados en las autoridades responsables del control del pago de las fianzas y emprender acciones sancionadoras contra los arrendadores que incurran en cláusulas abusivas.

8. Plan de inspección al sector inmobiliario en coordinación con las autoridades autonómicas de consumo para vigilar el cumplimiento de las prohibiciones establecidas en la ley de arrendamientos urbanos y la legislación en materia de consumo.