CSIF denuncia falta de desarrollo de leyes de bomberos y agentes forestales en comunidades
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado el elevado grado de incumplimiento de las Leyes Básicas de Bomberos y de Agentes Forestales y Medioambientales por parte de las comunidades autónomas, ya que en la mayoría de los casos no han sido ni desarrolladas y adaptadas, aunque están en vigor desde noviembre de 2024.
La temporalidad en las administraciones públicas se estanca en el 27 por ciento
CSIF ha exigido un Pacto de Estado en materia de lucha contra incendios.
Mientras tanto, ante la falta de acuerdo, ha reclamado al Gobierno que mediante ley básica establezca y concrete los operativos mínimos, con criterios objetivos (superficie forestal, número de incendios, núcleos de población) de obligado cumplimiento para las comunidades autónomas.
Y es que, en el caso de los bomberos forestales, por ejemplo, en la mayoría de las comunidades autónomas no se les reconoce su categoría profesional y siguen figurando como jardineros, peones, conductores u otras denominaciones genéricas.
En muchos casos tampoco se les reconoce la peligrosidad, toxicidad y penosidad a la que se enfrentan con medios materiales insuficientes o inadecuados.
A esta situación hay que añadir además la inestabilidad laboral, ya que la mayoría de los bomberos forestales no trabaja durante todo el año (más de 4.000 bomberos fueron despedidos en las comunidades autónomas el pasado octubre, desmantelando así el operativo de incendios forestales) y su sueldo se sitúa de media en unos 1.400 euros netos al mes. Tampoco hay una normativa clara sobre duración de las jornadas, llegando a trabajar hasta 14 horas varios días ininterrumpidamente.
La situación es similar en los agentes forestales y medioambientales, donde la mayoría de las comunidades autónomas incumplen la Ley básica al no haber desarrollado todavía su normativa, generando inseguridad juridica y dificultad en el desarrollo de sus funciones a pesar de ser agentes de ser agentes de la autoridad y en muchos casos ser directores/as de extinción.
Esta situación provoca grandes diferencias entre las comunidades autónomas.
Por ejemplo, en muchas comunidades es requisito para ser agente medioambiental tener un grado superior, por lo que deberían estar incluidos en el grupo B.
Sin embargo, están encuadrados en el C, infravalorando los requisitos de acceso y por tanto con la pérdida retributiva correspondiente.