Crecen ayudas económicas a mujeres víctimas de violencia en la pareja o expareja
El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (DGVG), ha elevado al Consejo de Ministros y Ministras el XVIII Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia Sobre la Mujer, relativo a 2024, para su remisión a las Cortes Generales.
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De acuerdo con lo reflejado en ese informe, se concedieron 14.458 ayudas económicas a mujeres víctimas de violencia en la pareja o expareja en el periodo 2006-2024, al amparo de lo previsto en el artículo 27 de la Ley Integral 1/2004.
En concreto 2024, fue el año en el que se asignó el mayor número de ayudas desde el inicio de la serie histórica, con 1.697.
Asimismo, según el trabajo del observatorio, desde el 1 de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2024 se registraron un global de 13.979 contratos bonificados para mujeres víctimas de violencia en la pareja o expareja, de violencia doméstica y de violencia sexual.
De ellos, 405 se formalizaron en 2024. En ese mismo período, la cifra total de contratos de sustitución de trabajadoras víctimas de violencia en la pareja o expareja fue de 4.998, de los que 277 corresponden al último ejercicio.
El documento recoge otro dato significativo: el 85,7% de las victimizaciones por delitos contra la libertad e indemnidad sexual se cometieron contra mujeres.
El delito más frecuente fue la agresión sexual, que alcanzó el 62,7%.
Y también en 2024, se contabilizaron 49 víctimas mortales por violencia de género, frente a las 58 de 2023, la menor cifra de la serie histórica hasta esa fecha.
A 31 de diciembre de aquel año, el número de reclusos internos que cumplían condena en centros penitenciarios con delitos de violencia en la pareja o expareja era de 7.777 (sin contar los centros penitenciarios de Cataluña). Además, en 2024 se recibieron 40.685 mandamientos de penas y medidas alternativas a la prisión para los penados con delitos de violencia en la pareja o expareja.
Con la remisión de este informe a las Cortes Generales, aprobada esta semana por el Consejo de Ministros, se da cumplimiento al compromiso del Gobierno de España con la transparencia y con la mejora de las políticas públicas en la lucha contra las violencias machistas.