Soria vuelve a tener dos inspectores de consumo
CSI-F considera que la defensa del consumidor no ha sido un objetivo prioritario de la Junta en las últimas legislaturas
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La provincia de Soria dispone, por fin, de dos inspectores de consumo para defender los legítimos derechos de los sorianos en materia de consumo.
La Orden publicada el pasado día 29 de enero resuelve la convocatoria que tramitó la Junta de forma urgente, ante la denuncia de CSI-F de falta de medios humanos en la Inspección.
La provincia de Soria estuvo en 2015 unos cuatro meses sin inspector de consumo, debido a la baja de la persona que ejercía en ese puesto.
Con la reincorporación de este nuevo inspector son dos los que hay en la provincia, ambos interinos, “con los que se solventa de manera temporal, al menos, la atención de este servicio de Inspección de Consumo en Soria. Una precariedad que se extiende, en mayor o menor medida, por toda la Comunidad, puesto que los medios materiales y humanos no son suficientes para atender adecuadamente esta Inspección”, ha apuntado hoy el responsable regional de CSI-F en el sector de la Administración General de la Junta (AGCyL), Mariano Prieto.
La defensa del consumidor no ha sido un objetivo prioritario en las últimas legislaturas para la Junta de Castilla y León, ha lamentado CSI-F, “por lo que la labor de esta Inspección de Consumo, en la defensa de la salud, seguridad y los legítimos intereses económicos de los ciudadanos, en la adquisición de toda clase de bienes y servicios, no atraviesa sus mejores momentos”.
Las competencias de Consumo han deambulado por diferentes consejerías, perdiendo personal y derechos laborales.
La situación año tras año ha ido empeorando, y CSI-F ha expresado su temor por la desprotección de consumidores y usuarios.
Prieto ha señalado que “las condiciones laborales que tienen los inspectores de consumo, respecto al nivel de exigencia que tiene su puesto, es degradante”.
CSI-F ha presentado un escrito ante la Consejería de la Presidencia (con competencias en Función Pública) y ante la Consejería de Economía y Hacienda (con competencias en Consumo), para reclamar la mejora de las condiciones laborales del colectivo y aumentar el número de efectivos de inspectores en la Comunidad, que cuenta con una RPT que supera las 50 plazas y que no suele tener ocupadas más de 30.