Primeras subvenciones de la Junta relacionadas con la memoria histórica
La Asociación soriana para el Recuerdo y la Dignidad y la Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid serán las primeras de la Comunidad que reciban sendas subvenciones con el objeto de financiar trabajos arqueológicos y de exhumación.
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Ambas asociaciones llevan años desarrollando actividades relacionadas con la memoria histórica y con la recuperación de cuerpos enterrados en fosas en sus respectivas provincias.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha acordado este jueves autorizar la concesión directa de una subvención de 6.000 euros a la Asociación soriana para el Recuerdo y la Dignidad con la finalidad de financiar los gastos derivados de los trabajos de exhumación en el término municipal de Cobertelada.
Esta asociación se encarga de las tareas relacionadas con la recuperación de la memoria histórica desde la perspectiva de los derechos humanos. Los trabajos que lleva a cabo esta Asociación, compuesta por voluntarios y familiares de desaparecidos, son ingentes, ya que atienden la labor humanitaria de recuperación de los cuerpos de los desaparecidos, respondiendo a las abundantes solicitudes de los familiares.
Por otra parte, el Consejo de Gobierno también ha concedido una ayuda de 15.000 euros para la realización de trabajos e informes arqueológicos y antropológico-forenses de los cuerpos recuperados en las fosas comunes del Cementerio de El Carmen de Valladolid, a la Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid.
Con este acuerdo, la Junta cumple el compromiso que asumió en las Cortes de apoyar a este tipo de asociaciones.
Además, de esta forma se da cumplimiento a lo establecido en la Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, que determina que las Administraciones públicas facilitarán las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o la represión política posterior y cuyo paradero se ignore, tanto a iniciativa de los descendientes directos de las víctimas como de las entidades que, constituidas antes de 1 de junio de 2004, incluyan el desarrollo de tales actividades entre sus fines.