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Las mancomunidades de Castilla y León, protagonistas en la Menéndez Pelayo

El director de Ordenación del Territorio y Administración Local, Luis Miguel González Gago, ha participado hoy, en Santander, en los cursos de verano que organiza la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), donde ha remarcado que, teniendo en cuenta el pequeño tamaño de los municipios de Castilla y León y el envejecimiento de su población, la supervivencia y la garantía de la prestación de los servicios a los vecinos pasa necesariamente por la constitución de mejores y más ambiciosas mancomunidades, apoyadas por las diputaciones provinciales.

González Gago ha participado esta tarde como ponente en el curso ‘Singularidades de las mancomunidades en España desde el punto de vista de las comunidades autónomas’ dentro del prestigioso programa académico de verano que la Universidad Internacional Menéndez Pelayo realiza en Santander.

En su intervención, González Gago ha explicado cómo están configuradas, con su régimen especial, las nuevas mancomunidades de municipios en el proyecto autonómico de ordenación, servicios y gobierno local.

Sobre el diagnóstico de las mancomunidades actuales en Castilla y León, el director ha señalado que “un gran número de municipios están asociados con este instrumento de cooperación, de tal forma que de los 2.248 municipios con los que contamos, 2.033 están mancomunados, un 90,44 %. Por ejemplo, en Valladolid se llega al 99,56 %, en Palencia, al 98,95 % y, en Zamora, al 97,58 %”.

También ha indicado que el número de mancomunidades existentes en Castilla y León es muy elevado, concretamente, 237 del total de 1.870 que existen en España, de las cuales 14 son interprovinciales. Estas mancomunidades “ofrecen servicios en nuestra Comunidad de gran importancia social, como la recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos (el 69 % de las mancomunidades), el abastecimiento de aguas (el 41 %), la cultura (el 33 %), el turismo (el 30 %), la extinción de incendios (el 28 %), la conservación de caminos y vías públicas (el 26 %), el urbanismo (el 25 %) o el alumbrado público (el 18 %)”, ha afirmado el alto cargo de la Junta.

Fortalezas del sistema de ordenación por mancomunidades

González Gago ha querido remarcar que las mancomunidades actuales presentan como puntos fuertes, para seguir desarrollándose, “el hecho de que sean voluntarias para los municipios; que son una figura muy conocida, ya que lleva muchos años existiendo -con especial auge a partir de los años 80-; no prescinden de los ayuntamientos como instituciones representativas directas y de participación de la ciudadanía, respetando el arraigo de los ciudadanos con sus orígenes y están bien valoradas, con carácter general, por los representantes municipales”.

Además de ofrecer respuesta a las nuevas exigencias de servicios de los ciudadanos de las zonas rurales, estas estructuras dan solución al minifundismo, ya que muchos municipios no pueden prestar numerosos servicios a los que están obligados por ley. También garantizan la eficiencia en el gasto por aplicación de economías de escala y homogeneizan las tasas y precios públicos por servicios e inversiones, evitando desigualdades impositivas entre municipios colindantes.

A juicio del director de Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, “las mancomunidades actuales presentan importantes puntos débiles, entre los que destacan la existencia de mancomunidades sin actividad alguna y sin extinguir su personalidad jurídica que operan sobre territorios no homogéneos y continuos -38 mancomunidades tienen un municipio separado y 17 tienen un municipio enclavado no mancomunado-, algunas no tienen el tamaño óptimo para ser eficientes, asociando solo a dos o tres municipios, y un mismo municipio suele pertenecer a varias mancomunidades -501 municipios a dos y 30 municipios a tres-”.

De igual manera, González Gago ha señalado que suelen ser más costosas si no prestan un mínimo de servicios -algunas se reducen a prestar un servicio, por ejemplo, 23 de ellas solo asumen la recogida de residuos sólidos urbanos y 41 el abastecimiento del agua-, incorporan demasiados servicios sin estudios de viabilidad y coste previos, tienen estatutos engañosos, puesto que muchos servicios contemplados no se prestan realmente, y son entidades locales poco transparentes, ya que muchas de ellas no presentan cuentas -el presupuesto aprobado y su liquidación-.

El nuevo modelo 

González Gago ha expuesto en su intervención en los cursos de verano de la UIMP en Santander que es necesaria la evolución de las mancomunidades, procediendo a una racionalización y replanteo de este instrumento de cooperación local, “con más trascendencia aún en un entorno rural como el nuestro, donde el pequeño tamaño de nuestros municipios y el envejecimiento de su población hacen que su supervivencia pase necesariamente en pocos años por la constitución de mejores y más ambiciosas mancomunidades para garantizar la prestación de sus servicios a los vecinos, apoyadas por las diputaciones provinciales”.

Castilla y León cuenta con un territorio de 94.226 Km2 y una población de 2.475.052 habitantes, según los datos de población del INE de 2015. Además, alberga el 28 % del total de los municipios de España, pero tan solo el 5,4 % de su población, y ocupa el 18,6 % de su superficie nacional, la más extensa del Estado español y casi de Europa.

Para hacer frente a esta situación, el gobierno castellano y leonés ha creado las nuevas mancomunidades de interés general, previstas en la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de 2013, aprobada en las Cortes de Castilla y León por una amplia mayoría de los dos grupos mayoritarios, PP y PSOE.

Desde 2015, estas novedosas estructuras tienen regulado su reglamento de organización y funcionamiento y su régimen jurídico será el que establezcan sus ‘estatutos’, que serán consensuados y suscritos por los municipios. Las mancomunidades pueden ser rurales y urbanas, estando solo pendiente de aprobación en las Cortes de Castilla y León el mapa de Unidades Básicas de Ordenación y Servicios del Territorio (UBOST).

Según ha indicado González Gago, “las mancomunidades de interés general rurales surgirán de la asociación voluntaria de municipios menores de 20.000 habitantes; un municipio no podrá pertenecer a dos mancomunidades de interés general rurales; tendrán una cartera mínima común y homogénea de competencias y funciones, que se concretará reglamentariamente por un decreto de la Junta de Castilla y León que está pendiente de desarrollo, aunque ya se ha negociado en un grupo de trabajo conformado con representantes locales de todo signo político que han examinado un total de 27 materias, 184 competencias y 692 funciones administrativas, destacando el acceso a las nuevas tecnologías, a través de la ‘Smart Rural’; y el voto ponderado de cada municipio para la elección de los órganos de gobierno, así como para la adopción de los acuerdos de gestión que procedan respecto a los servicios, será el fijado en los respectivos estatutos.

También las mancomunidades de interés general pueden ser urbanas, mediante la asociación voluntaria de un municipio de más de 20.000 habitantes, o de 19.000 habitantes que diste más de 50 kilómetros de otra gran ciudad, y los municipios de su entorno o alfoz. Estas estructuras tendrán las competencias y funciones típicamente urbanas que decidan y libremente vayan pactando -señalando a título indicativo el abastecimiento de agua, el saneamiento y depuración de aguas residuales, el transporte público intermunicipal de viajeros y la seguridad ciudadana, protección civil y extinción de incendios-, y el voto ponderado de cada municipio para la elección de sus órganos de gobierno, así como para los acuerdos de gestión que procedan respecto a los servicios, fijados en los respectivos estatutos, respetando siempre que el presidente sea el que designe el municipio de mayor población.

Por último, González Gago opina que, para el buen funcionamiento de estas nuevas mancomunidades “resulta indispensable el apoyo de las diputaciones provinciales, ya sea a través de la constitución de consorcios provinciales de servicios generales con ellas, ya sea facilitando la colaboración y la cooperación administrativa provincial de su servicio de asistencia a municipios en su funcionamiento y racionalizando su cooperación económica o ajustando los planes provinciales de obras y servicios y los planes de ayuda propios tanto a los municipios como a estas nuevas mancomunidades”.