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La aportación de Castilla y León al endeudamiento global de las autonomías españolas es limitada, de acuerdo con los datos facilitados esta mañana por el organismo regulador.

En concreto, al término del tercer trimestre del año se cifraba en el 4,4 % del total de las comunidades, contabilizado en 301.722 millones de euros.

A esa fecha y en términos absolutos, Castilla y León sumaba 13.115 millones de euros de pasivo.

Esta cantidad representa el 23,9 % del Producto Interior Bruto, con un diferencial de 2,4 puntos porcentuales por debajo de la media autonómica.

Esta ratio la sitúa en el noveno lugar en la lista de territorios menos endeudados de España, por detrás de Canarias, País Vasco, Madrid, Navarra, Galicia, La Rioja, Andalucía y Asturias.

Esta posición relativa denota la responsabilidad con la que la Junta viene utilizando esta fórmula de financiación, respetando los límites al endeudamiento fijados por la normativa de estabilidad presupuestaria.

En este importe, el supervisor bancario incorpora los créditos reintegrables que la Administración de la Comunidad ha concedido a empresas de la región, cuantificados en 264,2 millones de euros; el denominado ‘factoring’ sin recurso -o lo que es lo mismo, los créditos comerciales con la Administración que se han cedido a entidades financieras-, que añade 210,4 millones de euros, y el endeudamiento asociado a proyectos de colaboración público-privada y otra deuda imputada, que se cuantifica en 281,1 millones de euros.

El análisis de la estructura de la cartera de endeudamiento de Castilla y León en términos SEC 2010 (Sistema Europeo de Cuentas) y atendiendo a quiénes son los prestamistas indica que, al final del tercer trimestre de este año, el mayor peso corresponde al Fondo de Facilidad Financiera, cuyos préstamos se elevan a 4.268,5 millones de euros -en concreto, el 32,6 %-, resultado de la decisión del Gobierno autonómico de adhesión a este Fondo para satisfacer las necesidades de endeudamiento del ejercicio 2015, las del segundo semestre de 2017, las correspondientes al año 2018 y las de los tres primeros trimestres de 2020, así como la cobertura parcial del déficit excedido de 2019. El segundo lugar lo ocupan las emisiones de deuda que con un importe vivo de 3.510,4 millones de euros representan el 26,8 % del total de la deuda regional. Como tercer prestamista figura el Banco Europeo de Inversiones, con 953,2 millones de euros, un 7,3 % de la deuda de la Comunidad.

Por otro lado y de forma similar a trimestres anteriores, el 94,8 % del endeudamiento castellano y leonés correspondía a la Administración General, frente al 5,2 % de universidades, organismos autónomos, entes públicos de derecho privado y empresas públicas, entre otros.

Respecto a los plazos de vencimiento, el 96,2 % de la deuda viva de la Comunidad está formalizada a largo plazo, frente al 3,8 % firmada a corto. El 78,9 % está concertado a tipo de interés fijo y el 21,1 % a variable, un reparto que permite mitigar el efecto de posibles subidas futuras del Euribor.

A cierre de 2019, Castilla y León situó su nivel de endeudamiento en el 21 por ciento del PIB según los datos actualizados hoy, medio punto porcentual menos que en 2018 y aproximadamente 3 puntos inferior a la media autonómica, cumpliendo así con el objetivo de deuda asignado para ese ejercicio de acuerdo con el informe del Ministerio de Hacienda publicado a finales de noviembre.

Sin deuda de las empresas públicas

El Banco de España, además de los 301.722 millones de euros en que cifra el endeudamiento global de las autonomías, contabiliza en 3.066 millones de euros, la deuda de otras empresas públicas que pertenecen a las CCAA que no están incluidas en el perímetro SEC 2010, sin que corresponda ninguna cuantía a Castilla y León.