CyL | Junta de Castilla y León

La Junta lamenta estrategía nacional del lobo

La Junta ha lamentado la aprobación de la Estrategia nacional del lobo con el voto en contra de las comunidades que albergan casi el 93 por ciento de las manadas, como Castilla y León, Galicia y Cantabria.

En la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente convocada ayer por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha participado por videoconferencia el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, para quien la estrategia aprobada parte de graves carencias de base, como la falta de un censo nacional previo actualizado o una evaluación de la estrategia anterior.

Además contiene en un anexo criterios para el control de oficio de la especie por las administraciones, inclusión en este instrumento de planificación que suscita dudas en derecho y no da seguridad jurídica suficiente en las decisiones de control.

Por otro lado, se ha mostrado oposición a que los fondos previstos en los presupuestos generales del Estado para su transferencia a las Comunidades para subvencionar medidas preventivas y compensar daño, se incluyeran en la Estrategia y se vincularan a ésta, lo que es inédito en el repartos de fondos estatales para financiar actuaciones competencia de las Comunidades Autónomas.

Las comunidades autónomas Castilla y León, junto con Galicia y Cantabria, además de Madrid, Murcia, Andalucía y Ceuta han votado en contra de la Estrategia de gestión del lobo, que ha salido adelante con los votos favorables de las comunidades gobernadas o cogobernadas por el PSOE.

Navarra y País Vasco se abstuvieron en la votación.

Al igual que los gobiernos de Galicia y Cantabria, entre otros, la Junta de Castilla y León ha lamentado la aprobación de la ahora llamada Estrategia para la conservación y gestión del lobo y su convivencia con las actividades del medio rural, “con el voto en contra de las comunidades autónomas que albergan cerca del 93 por ciento de las manadas”, tal y como ha destacado el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, después de participar en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.

El consejero incidió en que Castilla y León no puede votar a favor de un documento que va en contra de la población rural de la Comunidad, específicamente de la que se dedica a la ganadería extensiva, y que, además, no aporta la seguridad jurídica suficiente para la gestión de la especie. Además está en contradicción con la posición de la Junta en el recurso interpuesto ante la Audiencia Nacional contra la inclusión del Lobo en el LESPRE, recurrida ante la Audiencia Nacional, que impide su caza al norte del río Duero.

Conviene recordar que la elaboración de esta estrategia aprobada hoy parte de vitales carencias de base, como son la falta de un censo nacional previo actualizado -revisión en la que Castilla y León ya está trabajando- y la imprescindible evaluación de los resultados de la estrategia anterior.

A mayores, Suárez-Quiñones ha lamnentado la falta de consenso y la unilateralidad por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

De hecho esta estrategia no solo sale adelante con el apoyo de comunidades en las que la presencia de lobo es muy testimonial, escasa o nula, sino que, además, no fueron tenidas en cuenta las principales alegaciones que la Junta de Castilla y León remitió al Gobierno central con la “máxima lealtad institucional”, ha aseverado el consejero.

El consejero ofreció a la vicepresidenta seguir trabajando para acercar esas posturas y buscar una aprobación de la Estrategia por todas las Comunidades, como siempre se ha hecho en la historia de la democracia española para la gestión de las especies silvestres y como se hace en la aprobación de la inmensa mayoría de las estrategias, lo que fue rechazado.

Finalmente, en lo que respecta al protocolo de control del lobo, Castilla y León ha insistido en que debe tener sustento en una norma de carácter jurídico y nunca configurarse como un anexo de un documento estratégico y de planificación, tal y como sucede en este momento. En el caso de los criterios de reparto de los fondos estatales, la Junta de Castilla y León ha considerado que la estrategia no es la herramienta adecuada para recogerlos, puesto que cualquier cambio que se pueda producir supondría una modificación de todo el documento.

“En la práctica –ha señalado Suárez-Quiñones- la estrategia aprobada hoy no va a servir para dar respuesta a la conservación y gestión del lobo, sobre todo porque no garantiza los criterios jurídicos a las comunidades autónomas para el control de la especie, con el fin de evitar más daños a la cabaña ganadera del medio rural de Castilla y León. Finalmente lamentó que no se haya buscado el consenso de todas las Comunidades Autónomas.