La Junta compra viviendas para alquiler social
La Junta de Castilla y León ha adquirido catorce viviendas a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) para incorporarlas al parque público de vivienda y destinarlas al alquiler o en régimen de cesión de uso.
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El coste de la operación ha ascendido a 1.113.583 euros, aportados por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Las 14 viviendas adquiridas por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio se localizan en los municipios de Ávila, Burgos, León, La Bañeza, Palencia, Salamanca, Cabrerizos, Segovia, San Cristóbal de Segovia, Soria y Valladolid, donde existe un número muy importante de familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que demandan una vivienda en alquiler.
La compra se encuadra dentro del nuevo Plan para el acceso a la Vivienda 2022-2025 y es fruto del Acuerdo de la Comisión de Seguimiento firmado el 26 de octubre de 2022 entre la directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y el director general de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Hasta ahora, el número de viviendas adquiridas es de 11, a falta de realizar la compra de las tres últimas antes de finalizar el año.
El origen de la compra radica en el convenio de colaboración firmado en 2015 entre la anterior Consejería de Fomento y Medio Ambiente (actual Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio) y la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) para la incorporación, por un periodo de cuatro años, de 100 viviendas al parque público de alquiler que gestiona la Junta de Castilla y León.
Estas viviendas se alquilarán a personas y familias a un precio que oscilará entre los 125 y los 400 euros mensuales, dependiendo de dónde se encuentre la vivienda y de su superficie, así como de las circunstancias personales, económicas y sociales del inquilino, quien, en ningún caso, aportará más del 30 % de sus ingresos.