La Junta aprueba la "Agenda para la Igualdad de Género 2020"
La Junta de Castilla y León ha aprobado hoy la Agenda para la Igualdad de Género 2020, que establece las prioridades de actuación y las medidas que se desarrollarán en el periodo 2017-2020, para lo que contará con un presupuesto previsto de más de 120 millones de euros.
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Se trata de un instrumento redefine las nuevas áreas de actuación estratégicas en materia de igualdad de oportunidades y en la lucha contra la violencia de género para actualizarlas a los nuevos cambios sociales, económicos y normativos, marcando la prioridad en aspectos tan importantes para lograr la igualdad como el empleo de la mujer, su participación social o su presencia en el medio rural. Cuenta con seis áreas de actuación prioritarias que prevén cerca de 200 actuaciones.
De esta forma, la Agenda para la Igualdad se articula como instrumento de participación, coordinación y coherencia de todas las políticas tanto de las consejerías de la Junta de Castilla y León como de las administraciones locales de la Comunidad y de las entidades que integran el Consejo Regional de la Mujer. El enfoque y la perspectiva de género como marco de interpretación de las acciones que se realicen y que tengan como destinatarias a las personas regirán esta Agenda.
La Junta de Castilla y León apuesta por el compromiso conjunto entre administraciones y sociedad en la construcción de políticas que contribuyan a un cambio social que permita la consecución de una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
En este sentido, el instrumento de participación integral de referencia y de planificación estratégica que abordará de forma conjunta en Castilla y León las actuaciones y prioridades en materia de igualdad entre hombres y mujeres y en la lucha contra la violencia machista va a ser la ‘Agenda para la Igualdad de Género 2020’, aprobada hoy por el Consejo de Gobierno. Todo ello, con el objetivo de seguir avanzando en la mejora del posicionamiento de la mujer en todos los ámbitos.
Con un presupuesto previsto de más de 120 millones de euros hasta 2020, la Agenda ha contado para su elaboración con la participación de los responsables de igualdad de todas las consejerías de la Junta de Castilla y León, con la de la treintena de entidades que componen la Sección de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres del Consejo Regional de la Mujer y ha estado disponible en Gobierno Abierto para las aportaciones de otras entidades y de los ciudadanos que lo hayan deseado.
La Agenda contempla cinco principios rectores que guían el desarrollo y orientación de las 194 actuaciones que contempla estructuradas en seis áreas de intervención prioritarias, ente las que destacan el empleo, la participación social o la presencia en el medio rural de la mujer.
La aprobación de esta Agenda supone dar cumplimiento a un compromiso asumido por la Junta de Castilla y León en el objetivo de seguir reduciendo las desigualdades existentes entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la sociedad.
Cinco principios rectores
Se establecen cinco principios rectores que dan coherencia y asientan las actuaciones que incluye la Agenda para la Igualdad de Género 2020. El primero y fundamental de estos principios rectores es el del enfoque de género que guía todas sus actuaciones.
Implica aplicar la perspectiva de género como marco de interpretación de las actividades que se realicen. La operatividad de este principio supone tener en cuenta que las decisiones que se adopten y las acciones que se emprendan, cuando tienen como destinatarias a las personas, no son neutras, sino que tienen un impacto diferencial en las mujeres y los hombres cuando se parte de situaciones de desigualdad de género.
El segundo principio rector es el de la transversalidad de la perspectiva de género, y supone que el principio de igualdad de mujeres y hombres debe de integrarse en todas las políticas autonómicas, en todos los organismos y a todos los niveles, desde la planificación, ejecución, el seguimiento y la evaluación.
El tercero es el principio de cooperación y corresponsabilidad institucional, ya que la implementación y el desarrollo de los contenidos de la Agenda para la Igualdad de Género 2020 necesitan de la cooperación y corresponsabilidad interinstitucional. La participación colaborativa es un requisito imprescindible para garantizar la responsabilidad compartida de los diferentes agentes que intervienen en la ejecución y evaluación de esta Agenda.
En cuarto lugar se encuentra el principio de participación. La sociedad y sus diferentes componentes, como asociaciones, entidades u organizaciones, deben ser copartícipes del desarrollo de las actuaciones recogidas en esta Agenda, contribuyendo a un cambio social que permita la consecución de la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres.
El quinto de los principios rectores es el de transparencia, que supone que la información sobre la ejecución y evaluación de esta Agenda será compartida entre los diferentes agentes implicados.
Áreas de intervención prioritarias de la Agenda para la Igualdad de Género 2020
Para la elaboración de la Agenda se ha tenido en cuenta la valoración intermedia que estaba prevista en el Plan Autonómico para la Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres, se ha analizado la situación de la mujer en el contexto socioeconómico de Castilla y León, teniendo también en cuenta los requerimientos de la Unión Europea en materia de igualdad de género, como son el Compromiso Estratégico para la Igualdad entre mujeres y hombres 2016-2019 y el Segundo Pacto por la Igualdad de Género 2011-2020.
Todos estos análisis, y el importante compromiso y participación de todos los que han contribuido a la construcción de este instrumento de coordinación, han servido para que la Agenda para la Igualdad de Género 2020 articule 194 medidas estructuradas en seis áreas de actuación prioritarias: política institucional; empresa, empleo y tecnología; el medio rural; educación y juventud; salud y políticas sociales y violencia de género.
1.- Política institucional. El objetivo en esta área de intervención es avanzar en igualdad de género en los procesos, procedimientos públicos y políticas de la Junta de Castilla y León. Para ello, se prevé la aprobación deI primer Plan de Igualdad para los empleados públicos de la Junta; la formación especializada para los empleados públicos; introducir cláusulas de igualdad en los contratos, convenios o subvenciones; contar con representantes de las personas con discapacidad tanto en el Observatorio de Género de la Comunidad como en el Consejo Regional de la Mujer para asesorar en lo relativo a mujer y discapacidad, o la creación de un Comité de igualdad con los responsables en esta materia de todas las consejerías.
2.- Empresa, empleo y tecnología. Esta es una de las áreas prioritarias más destacadas y presenta un doble objetivo: por un lado, favorecer el acceso al empleo de la mujer apoyando su promoción laboral en igualdad y aquellas iniciativas que lo fomenten y, por otro, facilitar el acceso de la mujer a las nuevas tecnologías para mejorar su empleabilidad. Para ello se establecen criterios de acción positivos en las convocatorias de ayudas a empresas; se fomentará la revisión de convenios colectivos que garanticen la no discriminación; se impulsará el programa ‘IO Empresas’, el seguimiento de los planes de igualdad de género en empresas o la figura de los agentes de igualdad; se desarrollarán acciones coordinadas con los agentes sociales para fomentar la corresponsabilidad y la conciliación, y se impulsará la inserción socio laboral de mujeres vulnerables con programas como ‘Empleo Mujer’, a través de subvenciones a la contratación de mujeres víctimas de violencia de género o con ayudas a asociaciones y al tercer sector para programas de inserción.
3.- Medio rural. El objetivo de la Agenda en esta materia es apostar por la igualdad de género en el mundo rural, ya que el 40 % de las mujeres de Castilla y León residen en municipios de menos de 10.000 habitantes. Entre las actuaciones más destacadas de la ‘Agenda para la Igualdad de Género 2020’ en el área rural están las de establecer la titularidad compartida de las explotaciones agrarias como criterio prioritario en las ayudas del ámbito agrario; la puesta en marcha de programas de formación en TICS orientados a emprendimiento y autoempleo, el impulso a programas con asociaciones del medio rural y la colaboración con la red asociativa de personas mayores del ámbito rural.
4.- Educación y juventud. Esta área se enfoca a favorecer la ruptura de roles y estereotipos y reforzar el principio de igualdad de género en el ámbito escolar y universitario. Para ello se pondrán en marcha iniciativas como la creación de una red de centros y profesores que trabajen y se formen en igualdad; se potenciará la figura del responsable de igualdad en los centros educativos; se elaborarán materiales didácticos específicos en igualdad y se harán actuaciones para sensibilizar a las AMPA; se buscará la participación activa de las asociaciones juveniles y se realizarán campañas de sensibilización en el ámbito deportivo.
5.- Salud y políticas sociales. En este ámbito el objetivo estará marcado por el impulso a la integración de la perspectiva de género en la planificación y ejecución de políticas sanitarias, sociales y de desarrollo sostenible. Para ello, se impulsarán los contenidos de perspectiva de género en los planes de formación de profesionales sanitarios y de servicios sociales; se promoverá la corresponsabilidad en la crianza de los hijos desde el ámbito sanitario; la prevención del consumo de drogas en adolescentes con perspectiva de género, y se desarrollarán actividades con asociaciones de mujeres rurales.
6.- Violencia de género. Aquí todas las actuaciones se enmarcan en el desarrollo e implantación definitiva del modelo integral de atención a las víctimas de violencia de género, ‘Objetivo Violencia Cero’, con acciones de sensibilización y prevención en todos los ámbitos y atención integral a las víctimas. En este ámbito destacan la prevención y sensibilización contra la violencia en la sociedad y en especial entre la población joven; la elaboración de un protocolo de detección y derivación de casos de violencia de género en el ámbito educativo y sanitario; completar el trabajo en red con todos los agentes implicados en el Modelo Violencia Cero a través del sistema único de información; el establecimiento de una Red para la atención psicosocial a las víctimas de trata; fomentar la integración socio-laboral de las mujeres víctimas de violencia de género y el apoyo a las familias o personas que se hacen cargo de menores huérfanos de mujeres víctimas de violencia de género.