Castilla y León, primera comunidad en abonar ayudas de PAC en septiembre
La Junta de Castilla y León paga hoy 575,9 millones de euros correspondientes al anticipo de las ayudas directas de la Política Agraria Común de la campaña 2026 a 48.638 agricultores y ganaderos y se convierte así en la primera comunidad autónoma de España en efectuar este pago y lo hace en una fecha inédita: nunca antes se había abonado el anticipo de la PAC en el mes de septiembre.
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El pago representa el 75 por ciento de las ayudas directas y alcanza a más del 90 por ciento de los potenciales beneficiarios.
Desde hoy, esta inyección de liquidez comienza a llegar a las cuentas de los profesionales coincidiendo con uno de los momentos de mayores necesidades financieras del año agrario.
El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha destacado que "no estamos hablando únicamente de pagar antes, sino de pagar cuando el agricultor y el ganadero necesitan el dinero. La PAC tiene que ser útil al campo, y este anticipo permite que miles de explotaciones dispongan de liquidez para organizarse y afrontar la nueva campaña".
La PAC es el principal instrumento de apoyo público al campo de Castilla y León y resulta determinante para el sostenimiento de su agricultura y ganadería profesionales.
Este año adquiere una relevancia especial por la situación económica que atraviesan numerosas explotaciones, sometidas a costes elevados de fertilizantes, energía y carburantes, precios insuficientes y una fuerte pérdida de rentabilidad.
Liquidez para afrontar la sementera
El anticipo llega cuando los agricultores están planificando la próxima campaña y deben asumir los gastos de semillas, fertilizantes, gasóleo agrícola y otros insumos indispensables para la sementera.
La Junta adelanta así los fondos para que los profesionales no tengan que esperar a las fechas habituales y puedan tomar sus decisiones con mayor capacidad financiera.
La situación resulta especialmente preocupante en los cultivos herbáceos y, en particular, en el cereal, principal cultivo agrícola de Castilla y León y base económica de amplias comarcas rurales.
La campaña 2025/2026 ha estado marcada por una reducción de los rendimientos, costes de producción elevados y precios que no permiten compensar suficientemente esos gastos.
Las estimaciones internas reflejan una producción de cereal de invierno de 4,90 millones de toneladas, un 41,8 por ciento inferior a la campaña anterior, y una reducción del 13 por ciento de la superficie sembrada.
La combinación de una menor cosecha, unos precios reducidos y el encarecimiento de los insumos ha provocado pérdidas importantes en un número considerable de explotaciones.
Los estudios de la propia Consejería estiman pérdidas de entre 200 y 400 euros por hectárea en el cereal de secano, lo que revela la gravedad del problema de rentabilidad que afrontan los productores.
"No podemos pedir a los agricultores que afronten una nueva sementera después de una campaña muy difícil y dejarles solos ante el coste de las semillas, los fertilizantes o el gasóleo. Este pago pone recursos en sus cuentas en el momento en que deben decidir qué siembran y cómo organizan su explotación", ha señalado Pino.
El anticipo también proporciona liquidez a las explotaciones ganaderas, afectadas por el encarecimiento de los factores de producción, las incidencias sanitarias y, en algunas zonas, la falta de pastos, que obliga a suplementar la alimentación de los animales.
Un esfuerzo extraordinario de los empleados públicos
El pago ha exigido un trabajo técnico y administrativo de gran intensidad.
La normativa europea obliga a completar previamente los controles administrativos y sobre el terreno, incluso cuando se trata de un anticipo.
Los empleados públicos de la Consejería han adaptado procedimientos, revisado miles de expedientes y utilizado toda la información disponible en el sistema integrado de gestión y control para efectuar el pago con garantías.
La utilización de una aplicación informática propia, junto con el conocimiento y la capacidad de respuesta de los servicios técnicos, ha permitido incluir desde septiembre a más del 90 % de los potenciales beneficiarios.
Los expedientes restantes, que tienen trámites o comprobaciones pendientes, podrán incorporarse a un nuevo pago de anticipos previsto para la segunda quincena de octubre.
Pino ha reconocido expresamente "la profesionalidad y el esfuerzo de los empleados públicos de esta Consejería, sin los cuales no habría sido posible completar los controles y pagar en una fecha que nunca se había alcanzado".
Castilla y León ha convertido la autorización excepcional de la Comisión Europea en un pago efectivo.
La posibilidad normativa era la misma para todas las comunidades autónomas, pero Castilla y León ha sido la primera en materializarla.
Un anticipo amplio: superficies, ecorregímenes y ayudas ganaderas
El pago comprende prácticamente todas las intervenciones de ayudas directas de la PAC: ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, pago redistributivo, ayuda complementaria a jóvenes agricultores, ecorregímenes, ayudas asociadas por superficie y ayudas asociadas a la ganadería.
La única excepción es el vacuno de cebo, debido a que todavía no se dispone de los datos necesarios para determinar los animales subvencionables.
Del importe total, 514,5 millones de euros corresponden a ayudas por superficie.
El pago principal es la ayuda básica a la renta, a la que se suman el pago redistributivo, el complemento para jóvenes, los ecorregímenes y las ayudas asociadas a producciones como las legumbres, las proteaginosas o la remolacha.
El anticipo incluye también las ayudas asociadas a los sectores ganaderos, que este año se abonan excepcionalmente al mismo tiempo que las ayudas por superficie. Se incorporan las correspondientes al vacuno extensivo de carne, la producción de leche de vaca y los sectores ovino y caprino.
La PAC de 2028: Castilla y León fija posición ante el silencio del Ministerio
El pago de las ayudas de 2026 coincide con el debate sobre la PAC que deberá aplicarse a partir del 1 de enero de 2028, salvo que se establezca un periodo transitorio. La propuesta plantea integrar la política agraria dentro de un único Plan de Asociación Nacional y Regional, lo que puede hacer que la PAC pierda la singularidad y la financiación identificable que ha mantenido hasta ahora.
Castilla y León ya ha definido su posición.
La futura PAC debe seguir siendo verdaderamente agraria y común, estar dotada de un presupuesto fuerte y propio y orientarse a garantizar renta, producción, competitividad y futuro para agricultores y ganaderos. La Junta rechaza que los fondos agrarios se diluyan entre otras políticas europeas, que se produzcan recortes reales o que avance una renacionalización que genere diferencias entre agricultores en función de la capacidad presupuestaria de cada Estado.
La Comunidad también se opone a la aplicación obligatoria de la degresividad, del pago redistributivo y del capping cuando penalicen automáticamente a explotaciones profesionales que producen, invierten y generan empleo.
En materia de simplificación, la Junta reclama controles basados en el riesgo, penalizaciones proporcionadas y la posibilidad de subsanar errores antes de que se imponga una sanción cuando no exista fraude.
También defiende el principio del dato único, la interoperabilidad entre administraciones y que la tecnología sirva para reducir obligaciones, no para crear nuevas cargas de información.
Sin embargo, el Gobierno de España todavía no ha puesto sobre la mesa una posición clara sobre los principales elementos de esta reforma.
"No se puede negociar a ciegas. El Ministerio debe explicar qué PAC quiere para España y qué líneas rojas está dispuesto a defender en Bruselas. Las comunidades autónomas estamos obligadas a fijar posición mientras el Gobierno sigue sin concretar la suya", ha advertido Joaquín Antonio Pino. Esta exigencia ya fue expresada por el consejero ante la Conferencia Sectorial y el Consejo Consultivo de Política Agrícola.
Comercio exterior: las mismas reglas para todos
La Junta de Castilla y León reclama reciprocidad, preferencia comunitaria y cláusulas espejo reales y verificables. Según la Consejería, la rentabilidad del campo no depende únicamente de las ayudas, sino que también exige una política comercial que evite la competencia desleal y proteja la capacidad productiva de Europa.
El consejero demanda que no se puede exigir a los productores europeos el cumplimiento de normas laborales, sanitarias, ambientales y de bienestar animal cada vez más estrictas mientras se permite la entrada de productos obtenidos con estándares inferiores. Las exigencias deben incorporarse a los acuerdos comerciales, verificarse mediante controles efectivos en frontera y aplicarse a los alimentos que acceden al mercado europeo.
"Mismas exigencias para lo de fuera que para lo de dentro. Eso es competencia leal, protección de los consumidores y defensa de nuestros agricultores y ganaderos", ha afirmado Pino.
El consejero ha incidido en que dificultar la producción dentro de Europa para depender después de importaciones de terceros países debilita el empleo, la industria agroalimentaria, el medio rural y la propia seguridad alimentaria.
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