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IU defiende que el SACYL asuma los 110.000 pacientes de MUFACE en la Comunidad

Tras el debate producido ayer en el Pleno de las Cortes de Castilla y León, Izquierda Unida ha defendido hoy el traspaso a la sanidad de Castilla y León de los 110.000 pacientes beneficiarios de la Mutualidad general de funcionarios civiles del estado (Muface), un 3,1 por ciento del total, como expone un informe del Ministerio de Sanidad.

De esta manera, el Servicio de Salud de Castilla y León recibiría el dinero que se destina a las aseguradoras privadas que siguen prestando este servicio a funcionarios de las diversas administraciones.

Para la organización, la sanidad pública ya cubre buena parte de las prestaciones en procesos más costosos y urgentes, por lo que la capacidad de absorber la población mutualizada es incuestionable.

También han señalado que la atención, como ahora, está garantizada por definición “la universalidad define al sistema público”.

Decir que “van a dejar tirados a los mutualistas” supone “demagogia mala y su estrategia de negocio”.

 Pese a ello, Izquierda Unida ha defendido que las comunidades deben reforzarse desde el funcionamiento público y estarán vigilantes de posibles excusas para externalizar y derivar procedimientos “en una nueva línea de negocio privado”.

IUCyL ha considerado “un sinsentido” que funcionarios públicos no utilicen el sistema público de salud y que una parte reciban la prestación sanitaria en una empresa privada sostenida con fondos públicos.

Además ha estimado como el Ministerio de Sanidad que “el contexto actual hace que la posibilidad de incorporar a la población mutualista a la asistencia sanitaria pública es una opción tan viable como razonable”.

Desde la organización política han apuntado que centralizar los recursos en el sistema público puede hacer más eficiente la atención sanitaria de la población.

En este sentido ha asegurado que el sistema castellano y leonés de salud está preparado para asumir a todos los funcionarios de Castilla y León, a pesar de “la gestión nefasta que hace el PP”.

Para IU, hay un lobby de la sanidad privada que está intentando sacar tajada con la salud de la ciudadanía y de una parte de esta que trabaja para lo público.

“Estas empresas privadas de sanidad no se contentan con el incremento de casi el 20 por ciento ofrecido por el Ministerio de Función Pública y que supone casi 2.700 millones de euros en dos años. Sería interesante que este incremento del 20% que el PP reclama al Gobierno de España para la sanidad privada, lo llevara a la sanidad pública de las comunidades que gobiernan” ha declarado Juan Gascón.

IUCyL no comparte “el sistema arcaico” que consiste en el pago del seguro privado de los funcionarios, por parte del estado.

Defiende que todo el funcionariado acuda al sistema público de salud, en las condiciones del resto de la población, y que el dinero que se ahorre al abandonar estos convenios se destine a potenciar los sistemas públicos de salud en las Comunidades.