IU Castilla y León aprueba resolución contra medidas de austeridad que limitan a ayuntamientos
La Coordinadora Regional de Izquierda Unida Castilla y León ha aprobado una resolución en la que muestra su rechazo a la denominada Regla de Gasto y a las medidas de estabilidad presupuestaria que, a juicio de la organización, suponen un obstáculo para la autonomía municipal, la inversión pública y el fortalecimiento de los servicios públicos.
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La resolución, impulsada por la Asamblea Provincial de Izquierda Unida en Burgos y aprobada inicialmente el pasado 16 de junio por unanimidad, denuncia las consecuencias de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, al considerar que impone criterios de control del gasto que no tienen en cuenta la situación económica y financiera real de cada administración.
IU Castilla y León ha puesto como ejemplo la situación del Ayuntamiento de Miranda de Ebro, donde Izquierda Unida forma parte del equipo de gobierno junto al PSOE y que, pese a haber reducido su deuda y cumplir con los indicadores de solvencia, se ha visto afectado por el incumplimiento de la Regla de Gasto y las limitaciones derivadas de la obligación de aprobar un Plan Económico Financiero.
La organización ha considerado en un comunicado que esta normativa y las restricciones asociadas a los planes de ajuste dificultan la creación de empresas públicas municipales y favorecen la continuidad de los procesos de externalización y privatización de servicios públicos, en detrimento de una gestión directa que, en muchos casos, puede resultar más eficiente y beneficiosa para la ciudadanía.
En la resolución aprobada, IU Castilla y León acuerda mostrar su total desacuerdo con la Regla de Gasto por ser una medida de carácter austericida que limita la capacidad de las administraciones, especialmente las locales, para desarrollar políticas públicas y garantizar servicios esenciales.
También, denunciar que la normativa vinculada a la estabilidad presupuestaria fomenta la privatización de servicios públicos, la precariedad y la ineficiencia.
Además, instar a la organización y a los grupos institucionales y coaliciones de las que forma parte, especialmente al grupo parlamentario integrado en el Gobierno de España, a promover las iniciativas necesarias para derogar esta legislación.
También, trasladar esta posición a la dirección federal de Izquierda Unida, a sus representantes en el Congreso de los Diputados y al Grupo Plurinacional Sumar.
Desde IU Castilla y León se ha insistido en la necesidad de abrir un debate sobre la financiación local y sobre un marco normativo que permita a los ayuntamientos saneados y cumplidores disponer de mayores herramientas para atender las necesidades de la ciudadanía, reforzar los servicios públicos y avanzar en políticas de justicia social.