IU acusa a la Junta de “mirar hacia otro lado” en tramitación de denuncias medioambientales
Izquierda Unida de Castilla y León ha denunciado la “grave dejadez” del Gobierno autonómico ante las infracciones medioambientales, después de que la propia Consejería de Medio Ambiente haya reconocido que no ha tramitado o ha dejado caducar cuatro de cada diez denuncias presentadas por agentes medioambientales entre enero de 2023 y diciembre de 2025.
Uno de cada dos castellano-leoneses reside fuera de la Comunidad
La Consejería de Medio Ambiente ha admitido no haber iniciado 4.318 expedientes y haber dejado prescribir o caducar otros 1.440 entre 2023 y 2025, lo que representa cerca del 40% de las denuncias presentadas por los agentes medioambientales en ese periodo.
Según los datos conocidos a través de elDiario.es y trasladados al Procurador del Común, de las 14.898 denuncias interpuestas en ese periodo, 4.318 no llegaron a iniciar su procedimiento y otras 1.440 prescribieron o caducaron.
En total, el 38,6 por ciento de las infracciones ambientales —relacionadas principalmente con caza, pesca, vías pecuarias y espacios naturales— quedarían sin sanción debido a la inacción administrativa.
El informe del Procurador del Común recoge además una advertencia expresa sobre las consecuencias de esta situación, señalando que genera “desconfianza” entre los agentes de la autoridad encargados de velar por el cumplimiento de la normativa ambiental.
El coordinador de IU en Castilla y León, Juan Gascón, ha criticado duramente estos datos ya que: “Mañueco presume de defender el medio rural y el medio ambiente, pero la realidad demuestra lo contrario: entierra cuatro de cada diez denuncias por falta de voluntad política y de recursos”.
Gascón ha insistido en que “no es un problema de financiación, sino de permisividad con los incumplimientos de la ley”, y ha advertido de que esta situación favorece la repetición de conductas ilegales como la caza o pesca furtiva, además de “restar autoridad a los agentes medioambientales”.
Izquierda Unida ha puesto especial énfasis en la situación de Burgos y Salamanca, que ha calificado de “insostenible”.
En Burgos, un único instructor jurídico asume toda la tramitación de expedientes, lo que ha provocado la prescripción de 869 casos en los últimos dos años.
En Salamanca, la organización ha denunciado un déficit estructural de personal, al ser la única provincia que cuenta con solo dos instructores jurídicos en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), frente a los tres existentes en el resto de provincias.
Ante esta situación, IU ha anunciado el registro de varias iniciativas dirigidas a la Consejería de Medio Ambiente.
En primer lugar, ha reclamado la puesta en marcha de un plan de choque para desbloquear los expedientes paralizados y evitar nuevas prescripciones.
Asimismo, ha exigido la convocatoria urgente para cubrir todas las plazas vacantes de instructores jurídicos en los servicios territoriales.
También ha planteado el refuerzo de personal en todas las provincias y la modificación de la RPT para equiparar Salamanca al resto, incorporando un tercer instructor jurídico.
Por último, ha reclamado garantizar la transparencia informativa, incluyendo la exención de tasas a los medios de comunicación y la devolución del importe abonado por elDiario.es.
Finalmente, IU ha acusado al Ejecutivo autonómico de haber “recortado y vaciado” durante años las plantillas de los servicios periféricos de Medio Ambiente.