El PSOE reclama duplicar Fondo de Cohesión para combatir desequilibrios que penalizan a Soria
La procuradora socialista soriana Esther Pérez defenderá mañana ante la Comisión de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León una proposición no de ley para duplicar la dotación del Fondo de Cohesión Territorial, pasando de los 20 millones actuales a 40 millones de euros, y garantizar una mayor autonomía a los ayuntamientos para decidir el destino de estos recursos.
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La propuesta reclama expresamente a la Junta de Castilla y León que elimine los condicionantes que sufren las entidades locales y permita que cada ayuntamiento pueda emplear las cuantías asignadas en las actuaciones que considere prioritarias, respetando la autonomía municipal y manteniendo todos los controles legales y financieros.
Pérez ha señalado que el Fondo está dirigido a 2.232 municipios de menos de 20.000 habitantes, el 99,3 por ciento de los 2.248 existentes en Castilla y León.
“Estamos hablando de un instrumento destinado a la práctica totalidad de los municipios de la Comunidad, muchos de ellos con muy poca población, grandes dificultades administrativas y un coste por habitante especialmente elevado para mantener los servicios públicos”, ha explicado en un comunicado
Especial importancia para una provincia como Soria
Pérez ha destacado la relevancia de esta iniciativa para la provincia de Soria, caracterizada por su dispersión territorial, la existencia de municipios con muy poca población y la necesidad de mantener numerosos servicios e infraestructuras con presupuestos limitados.
En 2022, el Fondo llegó a 182 municipios sorianos: 172 de hasta 1.000 habitantes y diez con una población situada entre 1.000 y 20.000 habitantes.
“La despoblación no hace desaparecer las redes de agua, las calles, los edificios o el alumbrado que deben mantenerse. Al contrario, obliga a sostener esas infraestructuras entre menos vecinos. Si el Fondo pretende corregir los desequilibrios territoriales, debe disponer de capacidad económica suficiente”, ha señalado.
Los socialistas consideran que el inicio de la legislatura y la preparación de los presupuestos autonómicos para 2027 ofrecen el momento adecuado para aprobar este refuerzo.
“El consejero aseguró que las necesidades de los alcaldes y concejales son también las necesidades de la Junta. Esta iniciativa permitirá comprobar si esas palabras se traducen en una decisión presupuestaria concreta”, ha señalado Pérez.
Veinte millones congelados desde 2022
El Fondo de Cohesión Territorial nació en 2022 con una dotación de 20 millones de euros, cantidad que se ha mantenido sin cambios en las convocatorias de 2023, 2024, 2025 y 2026.
Los socialistas consideran que esta congelación ha reducido su capacidad real para financiar inversiones municipales debido al aumento del coste de las obras, los materiales, la energía y los servicios.
“Veinte millones de euros repartidos entre 2.232 municipios representan una media meramente orientativa inferior a 9.000 euros por localidad. Aunque el reparto incorpora criterios de población, desempleo y despoblación, la cifra permite comprender la insuficiencia del Fondo para atender las necesidades de una Comunidad tan extensa y dispersa”, ha argumentado Pérez.
La procuradora socialista ha recordado que los ayuntamientos pequeños deben mantener redes de abastecimiento, calles, alumbrado, edificios públicos, caminos e instalaciones municipales con ingresos reducidos y, en muchas ocasiones, sin disponer de personal técnico propio.
En los municipios de más de 1.000 habitantes, la Junta aporta hasta el 75 % de las inversiones y el ayuntamiento debe asumir al menos el 25 % restante. En los de hasta 1.000 habitantes, la financiación se distribuye entre la Junta, que aporta el 50 %, la diputación provincial y el propio ayuntamiento, con un 25 % cada uno.
“El esfuerzo de las diputaciones y de los municipios permite movilizar una cantidad superior, pero no puede utilizarse para ocultar que la aportación de la Junta continúa congelada en 20 millones. Para un pequeño ayuntamiento, asumir el 25 % puede suponer aplazar o renunciar a otra actuación necesaria”, ha advertido.
Más autonomía para atender las prioridades de cada municipio
El segundo punto de la proposición reclama eliminar las restricciones que impiden financiar determinadas actuaciones consideradas fundamentales por numerosos municipios.
Las convocatorias han excluido ámbitos como los consultorios locales, la vivienda pública, el patrimonio histórico, determinadas infraestructuras educativas de competencia municipal, los cementerios, los servicios sociales y diversas instalaciones turísticas, culturales o deportivas.
“Para un municipio puede ser prioritario rehabilitar una vivienda municipal para facilitar la llegada de una familia; para otro, acondicionar el consultorio; y para otro, recuperar un elemento patrimonial o mejorar una infraestructura turística que genere actividad económica. Quienes mejor conocen esas necesidades son los alcaldes y concejales elegidos por sus vecinos”, ha defendido Pérez.
El PSOE aclara que su propuesta no pretende eliminar la fiscalización del dinero público.
Los ayuntamientos deberán seguir acreditando la finalidad pública de las actuaciones, cumplir la normativa de contratación, ejecutar los proyectos dentro del plazo y justificar correctamente los recursos recibidos.
“Una cosa es controlar que el dinero público se gestione correctamente y otra sustituir la capacidad de decisión de los ayuntamientos. Pedimos autonomía municipal con responsabilidad y con todos los controles”, ha precisado la procuradora.