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CSIF insta a la Junta a poner en marcha las brigadas de investigación de incendios forestales

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado hoy a la Junta la creación de las brigadas de investigación de incendios forestales, unos equipos de trabajo de agentes medioambientales especialistas que, desde el minuto cero, puedan resolver las causas del inicio de un fuego. 

En este sentido ha recordado que la iniciativa cuenta desde hace más de seis años, desde febrero de 2018, con la aprobación de las Cortes de Castilla y León gracias a una moción presentada por el grupo Ciudadanos, “cayendo en el olvido hasta ahora”.

CSIF ha reivindicado y ha puesto en valor la condición de autoridad de los agentes medioambientales y sus competencias de policía administrativa y judicial para poder investigar el origen y los motivos de los incendios forestales, conforme a la Ley de Montes vigente.

Igualmente, ha lamentado el “desprecio y descrédito que, una y otra vez, muestra la Junta hacia sus funcionarios de Medio Ambiente”.

Este sindicato independiente ha querido “desempolvar” esta “importante y necesaria” reclamación de la creación de las brigadas de investigación de incendios forestales, tras unas recientes declaraciones del consejero Suárez-Quiñones, en las que aludía a la necesidad de finalizar las investigaciones de los fuegos de Trabazos (Zamora) y El Villar de Santiago (León), para saber si ha existido una intencionalidad.

CSIF ha criticado que el consejero de Medio Ambiente omitiera y se olvidara de las labores de investigación que realiza el colectivo de agentes medioambientales, al igual que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La realidad es que, desde el mismo momento en que un incendio se estabiliza, “los agentes medioambientales reciben la instrucción de llevar a cabo, a la mayor brevedad posible, el informe de investigación de causas, que es el informe técnico pericial por el que se determina la causa real y el origen del incendio”-

Para la organización sindical, lo que urge -y la Junta debe hacer- es activar y potenciar el trabajo de unos agentes medioambientales preparados y especializados, a través de unas brigadas bien reguladas, para que a la vez que se acude a extinguir un incendio se realicen también las gestiones y acciones de investigación desde el primer momento, para evitar la contaminación o desaparición de posibles pruebas que permitan determinar la existencia de un posible delito medioambiental.