Castilla y León

CSIF exige aplicación inmediata de la jubilación parcial del personal laboral

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha solicitado formalmente a la Junta de Castilla y León la puesta en marcha urgente de la jubilación parcial para su personal laboral de la Administración General y sus organismos autónomos, así como la resolución de todas las solicitudes que permanecen bloqueadas desde el 1 de abril de 2025.

La paralización de este derecho, ha explicado en un comunicado CSIF, fue consecuencia de la reforma introducida por el Real Decreto-ley 11/2024, derivada del acuerdo suscrito entre el Gobierno, CCOO y UGT que impuso la obligación de contratar al relevista como trabajador indefinido y a jornada completa. 

Esta medida ignoró las particularidades del empleo público y provocó, en la práctica, la exclusión de la jubilación parcial en las administraciones públicas. 

 Desde el primer momento, CSIF denunció esta situación, impulsó iniciativas para corregir la normativa, acudió a los tribunales y exigió una solución en todos los ámbitos de negociación con el Gobierno.

“Gracias a esta presión constante”, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 19/2026 que adapta la regulación de la jubilación parcial a la realidad de las administraciones públicas y permite de nuevo el acceso a este derecho mediante fórmulas de contratación compatibles con la normativa de empleo público. 

El sindicato independiente ha considerado que, una vez desbloqueada la situación a nivel estatal, la Junta de Castilla y León debe actuar con la máxima diligencia para evitar que sus trabajadores y trabajadoras continúen sufriendo las consecuencias de una paralización que nunca debió producirse.

Por ello, CSIF ha exigido la resolución inmediata de las solicitudes de jubilación parcial pendientes desde el 1 de abril de 2025; la aplicación urgente del régimen previsto en el Real Decreto-ley 19/2026; la aprobación de instrucciones de gestión actualizadas que unifiquen criterios en todas las consejerías y organismos autónomos; y la adopción de manera inmediata de las medidas necesarias para garantizar este derecho al personal laboral que reúna los requisitos exigidos.