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Barcones exige a la Junta que asuma financiación de residencias de mayores

La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Virginia Barcones, ha exigido hoy a la Junta de Castilla y León que cumpla con sus competencias “exclusivas” en materia de residencias de mayores ya que los ayuntamientos y las diputaciones provinciales están “asfixiados” y “con enorme esfuerzo” han dado cobertura a los vecinos “ante su falta de gestión”.

Así lo ha señalado Barcones en su intervención en defensa de la proposición no de ley que escucharon numerosos alcaldes y representantes de las diputaciones provinciales, en la que pidió a la Junta que asuma sus competencias en esta materia.

Según ha explicado, frente a las 18 residencias dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales, hay 21 de diputaciones y 151 de ayuntamientos.

“Es una terrible irresponsabilidad y es vergonzoso que no tenga amparo, ni legal ni financiero”, ha resaltado.

Esta reivindicación, ha recordado, no es sólo de los socialistas, sino también de muchos alcaldes del PP de corporaciones a las que la Junta tiene “asfixiados” por “culpa del Gobierno del PP, el mismo que hurta 4,5 millones de euros para sus garitos” y para “chantajearles”.

“Es una irresponsabilidad que no asuman sus competencias. Dejen de montar fiestas. Si hay un 10 en servicios sociales es por las diputaciones y ayuntamientos”, ha sentenciado.

Por otra parte, el Grupo Parlamentario Socialista ha exigido hoy a la Junta de Castilla y León un cambio en su modelo de financiación de los servicios sociales a las entidades locales a través de una batería de reformas del acuerdo marco de financiación.

Según la procuradora Ana Agudíez, el modelo es “en diferido” y basado en el “yo invito tú pagas”.

“Ustedes mienten  porque, a día de hoy, la Junta no ha abonado ni un euro a las entidades a las que asfixia”, ha remarcado Agudíez, quien ha incidido en que ello provoca desigualdades sociales y desequilibrios territoriales.

Por ello, ha insistido en la necesidad de que se cree un grupo de trabajo en el Consejo de Coordinación Interadministrativa del Sistema de Servicios Sociales de Castilla y León para estudiar el modelo y convertirlo en “más estable, de mayor garantía y más respetuoso con la autonomía local”.