¿Cámaras para aumentar la seguridad en los pueblos?
La instalación de cámaras de videovigilancia en los pueblos, para mejorar la seguridad en el despoblado mundo rural soriano, es objeto de debate en algunas localidades, aunque de momento la Subdelegación del Gobierno en la provincia no ha recibido muchas consultas. En otras provincias limítrofes a Soria se han instalado, financiadas por administraciones, aunque habrá que dar más tiempo para comprobar su eficacia.
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Aunque los medios de comunicación repiten con frecuencia que los ayuntamientos quieren instalar videovigilancia, no son muchas las peticiones reales y oficiales que llegan a la Subdelegación del Gobierno en Soria.
Según ha confirmado la propia Subdelegación, Almazán realizó la petición de instalación de videovigilancia para su polígono industrial en 2016. Y Noviercas lo hizo en 2017.. Hubo alguna otra petición en años anteriores, como la del Ayuntamiento de Peñalba de San Esteban. Y en estos días, hay alguna corporación en la comarca del Moncayo que está estudiando esta alternativa para mejorar la seguridad en el pueblo, que ha sufrido ya la visita de “amantes de lo ajeno”.
El Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz también ha trasladado su preocupación a la Subdelegación por la seguridad ciudadana, especialmente después de la ola de robos que ha sufrido la localidad y la comarca hace unos semanas. Han pedido incrementar la plantilla de la Guardia Civil en el cuartel de la localidad… y la posibilidad de instalar cámaras de vigilancia en los accesos viarios.
La petición también ha planteada por otras localidades como Montejo de Tiermes, en la comarca de Sierra Pela.
La petición de Almazán se zanjó con una resolución de la Delegación del Gobierno autorizando la colocación de videocámaras fijas en las rotondas del polígono industrial.
Y esta resolución llegó después de un recurso planteado por el Ayuntamiento de Almazán a una denegación inicial motivada por un informe negativo de la Comisión de Garantías de la Videovigilancia, un órgano colegiado que preside el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y que vela por todo lo referido a un derecho fundamental como es de la privacidad (artículo 18 de la Constitución).
El entonces alcalde de Almazán, José Antonio de Miguel, planteó en octubre de 2016 la necesidad de instalar cámaras de vigilancia en las entradas de los pueblos, controladas desde la Diputación provincial, para mejorar la seguridad de los vecinos, que se sienten desprotegidos por la oleada de robos en el medio rural.
Más cámaras
No obstante, el número de cámaras de videovigilancia privada que se han instalado en la provincia, esto es, que no pueden ofrecer imágenes de vías públicas, ha aumentado en los últimos años.
Las cámaras que ofrecen imágenes de vías públicas deben ser vigiladas y custodiadas por Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Guardia Civil, CNP, policías autonómicas o policías locales).
En otras palabras: el debate está en la colisión de dos derechos fundamentales. El de la intimidad y el de la seguridad. Y en este sentido, la Agencia de Protección de Datos ha sido muy restrictiva hasta la fecha.
Lo cierto es que cada vez son más los municipios de la España despoblada que se apuntan a establecer dispositivos de videovigilancia.
Otras comunidades
En Aragón existen 68 pueblos y ciudades que tienen autorizadas cámaras y otras 46 las han solicitado. Y el número se incrementará, según el delegado del Gobierno, "porque sabemos de más alcaldes que tienen interés".
Las solicitudes para implantar sistemas de videovigilancia se tramitan a través de la Delegación del Gobierno en Aragón, mientras que la autorización es competencia de la Comisión de Garantías de la Videovigilancia en Aragón.
La Diputación de Huesca está diseñando un plan de seguridad territorial con dos vertientes: la asistencia técnica con un protocolo para que todos los municipios sepan cómo desarrollar e implantar sus sistemas de videovigilancia; y la dotación a los ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes de una ayuda económica para la compra de equipos
A finales de octubre de 2023, la Delegación del Gobierno tenía contabilizadas 721 cámaras de uso público autorizadas.
La Delegación del Gobierno en La Rioja autorizó en 2021 por primera vez la instalación de sistemas de videovigilancia en espacios públicos de municipios que carecen de policía local. En concreto, se autorizaron en Villamediana de Iregua, Fuenmayor y Sajazarra.
Las autorizaciones de las cámaras en espacios públicos son por un plazo anual, transcurrido el cual se deberá justificar la conveniencia de su continuidad o deberán dejar de utilizarse.
La Diputación provincial de Guadalajara, en Castilla-La Mancha, aprobó en 2022 la primera convocatoria de ayudas para la instalación y puesta en funcionamiento de cámaras de vídeo vigilancia, con el objetivo de mejorar la seguridad en los pueblos de la provincia y prevenir la comisión de delitos, faltas e infracciones relacionados con la seguridad pública, garantizándose en todo momento los derechos fundamentales y las libertades públicas de la ciudadanía.
La primera convocatoria se resolvió con la concesión de subvenciones a 69 pueblos de la provincia para instalar y poner en funcionamiento un total de 132 cámaras de vídeo vigilancia.
En las convocatorias de DIPUCAM, las entidades locales que solicitan las ayudas deben contar con autorización, o haber iniciado el procedimiento para obtenerla, de la Delegación del Gobierno de España en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
La Diputación de Guadalajara ha vuelto a convocar estas ayudas, que han tenido una gran acogida, porque considera que mejorar la sensación de seguridad en los pueblos es un aspecto importante en la lucha contra la despoblación.
En pueblos de Salamanca también es común el uso de cámaras.
En Doñinos hay instaladas 34 en las instalaciones municipales tras unos episodios de vandalismo -rotura de cristales, grafitis...- que se prolongaron en el tiempo. En las entradas y en el interior de algunas dependencias municipales, como la biblioteca, el consultorio médico o el punto limpio, entre otras, se han instalado los aparatos.
En defnitiva, algunas provincias ya han dado paso para mejorar la seguridad en los pueblos de un medio rural despoblado, aunque habrá que esperar más tiempo para comprobar la eficacia de esta medida.
